En diálogo con FM del Pueblo, la presidenta del Instituto Provincial de Vivienda y Hábitat (IPVyH), Laura Montes, confirmó que el organismo recibió denuncias sobre intentos de estafa relacionados con viviendas entregadas en el barrio San Martín Norte de ATE.

“El sábado llegó a oídos nuestros. Nosotros, a través de nuestras redes, no podemos intervenir en grupos privados, pero siempre que pasa eso advertimos y hacemos las llamadas para evitar estafas”, indicó Montes. Agregó que si bien el IPV no pudo verificar directamente la oferta, sí recibieron capturas de pantalla que confirmaban el hecho: “Advertimos a la gente que se trata de una estafa, porque esas viviendas ni siquiera aún están empezando a ser abonadas al IPV”.

La funcionaria explicó que las unidades habitacionales no pueden ser comercializadas, dado que el proceso de regularización aún está en marcha. “Hace poco se produjo la extinción del fideicomiso, la entrega de documentación del banco al IPV, para que el IPV ya empiece a regularizar la situación”, detalló. En ese marco, se están realizando relevamientos para actualizar los precios, firmar nuevos contratos y recuperar las viviendas en caso de ser necesario. Montes recordó que se trata de una operatoria especial, ya que “la tierra no es del IPV, es del municipio, que la entregó en su momento a ATE, por lo cual es una operatoria de asociación de trabajadores del Estado”.

Respecto al relevamiento efectuado recientemente, comentó: “Tenemos gran parte de los datos; en general menos de la mitad de las personas nos atendieron. De las personas que nos atendieron, cuatro manifestaron que no son los ocupantes originales”. Esta información será remitida al gremio, que tendrá la tarea de proponer nuevas adjudicaciones para las viviendas que no estén ocupadas por sus titulares originales.

Consultada sobre la situación de las viviendas actualmente ocupadas por terceros, Montes aclaró: “Cuidantes, cuidadores, no sé, nunca nos dijeron qué eran ni que habían comprado ni que habían alquilado, obviamente eso no se lo van a decir al IPV”. En este sentido, explicó que los relevamientos se realizan sin previo aviso para constatar la ocupación efectiva y evitar maniobras irregulares.

Montes fue enfática al advertir: “En ese barrio, en las 120 viviendas de ATE, nadie puede hacer ninguna transacción comercial, porque son viviendas que están siendo regularizadas por el Instituto Provincial de Vivienda y Hábitat”.

Finalmente, adelantó que es probable que se realicen nuevos relevamientos: “Ya este relevamiento va a tener otras condicionantes. La persona que no atendió deberá decir por qué no atendió. También sabemos que el propio gremio tiene denuncias de que no están siendo ocupadas las viviendas o no están ocupadas por las personas que corresponden”.

Asimismo, llevó tranquilidad a los adjudicatarios: “Se va a respetar lo que el gremio en su momento determine. Aquellas familias que vienen ocupando las viviendas, si bien van a sufrir una actualización, el IPV no va a intervenir para desalojarlas”.