A pocos días de finalizar el año, un grupo de esposas, pensionadas e hijos de policías retirados de Tierra del Fuego decidió romper el silencio y hacer público un reclamo que arrastran desde hace meses: la falta total de ingresos y el no pago de los aguinaldos correspondientes al 2025.

Según expresaron en un comunicado difundido de manera colectiva, llevan medio año sin percibir los haberes que les corresponden por derecho, situación que aseguran las coloca en un estado de vulnerabilidad económica y social cada vez más difícil de sostener.

Las familias advierten que no se trata de un problema administrativo aislado, sino de una vulneración persistente de derechos básicos, y responsabilizan tanto a la dirigencia política como a los organismos previsionales de la provincia por la falta de respuestas concretas. En ese sentido, señalan que el silencio oficial contrasta con la gravedad del cuadro que atraviesan quienes dependen exclusivamente de esos ingresos para vivir.

El pronunciamiento también pone el foco en el valor histórico de los policías territoriales en la construcción de la fuerza provincial. “No somos un dato del pasado”, remarcan, al reivindicar el rol fundacional de quienes prestaron servicio durante décadas y hoy, afirman, se sienten desplazados y olvidados por las gestiones actuales.

Las críticas alcanzan además a los discursos institucionales que resaltan avances y logros administrativos, mientras según denuncian quienes sostuvieron esa estructura permanecen sin cobrar y sin certezas sobre cuándo se regularizará su situación. Esa distancia entre el relato oficial y la realidad cotidiana es señalada como uno de los principales factores de malestar.

Lejos de plantear el reclamo solo en términos económicos, las familias apelan también a una dimensión ética y política: reclaman legalidad, transparencia y responsabilidad pública, y exigen que se determinen las responsabilidades correspondientes para que el costo de la crisis no recaiga siempre sobre los mismos.

Mirando hacia el inicio de 2026, expresan la expectativa de que el nuevo año marque un punto de inflexión, con la restitución de los haberes adeudados y la intervención de la Justicia para esclarecer lo ocurrido. Aseguran que no buscan privilegios, sino el cumplimiento de obligaciones básicas del Estado.

El documento cierra con una definición que funciona como síntesis del reclamo: la dignidad no es negociable y la memoria institucional no puede borrarse. Mientras los derechos sigan pendientes, afirman, la demanda seguirá activa y visible.