Entre 70 y 80 de los 255 taxis de Río Grande permanecen sin trabajar, según informó la presidenta de la Asociación de Taxis Unidos de Río Grande (ATURG), Griselda Fuentes. La cifra equivale a cerca de tres de cada diez unidades y refleja las dificultades que atraviesa una actividad afectada por la caída de pasajeros, los costos de funcionamiento y la competencia del transporte no regularizado.

En declaraciones a Provincia 23, la dirigente explicó que detrás de los vehículos paralizados hay propietarios que no pudieron sostener las cuotas de financiamiento y otros que quedaron sin su herramienta de trabajo tras un accidente. “Hay muchos dentro de esa cantidad que te decía que no están funcionando que se quedaron sin el vehículo por no poderlo pagar”, señaló. También mencionó casos de autos chocados que sus dueños todavía no lograron recuperar.

A esa reducción de la flota se suma una demanda que, de acuerdo con Fuentes, no mostró señales de recuperación durante 2026. El comienzo de las clases y los movimientos propios de distintas épocas del año tampoco alcanzaron para mejorar los ingresos. Al comparar la situación con el año pasado, fue contundente: “No levantó nada”.

La falta de viajes también compromete el funcionamiento de las centrales. Aunque no precisó un porcentaje de caída, sostuvo que sus registros permiten dimensionar el retroceso y advirtió que, en algunos momentos, lo recaudado resulta insuficiente para cubrir los salarios. “A veces, como hablábamos de esto el otro día en una reunión, no tiene sentido hasta tener las puertas abiertas porque no alcanzás a pagar sueldos con lo que se recauda”, expresó.

Para la titular de ATURG, el deterioro del empleo en las fábricas y en la actividad petrolera tiene una doble consecuencia sobre los taxis: disminuyen los pasajeros habituales y, al mismo tiempo, aparecen nuevos prestadores que buscan una fuente de ingresos por fuera del sistema regulado. “A nosotros nos golpea doble”, resumió, al explicar que algunos trabajadores que antes utilizaban el servicio ahora realizan traslados sin regularizar su actividad.

Fuentes reconoció que el Municipio lleva adelante controles, pero reclamó una mayor fiscalización. También pidió a los usuarios que consideren las condiciones del transporte que contratan y advirtió sobre los riesgos que, según sostuvo, implica recurrir a servicios no habilitados. “Necesitamos más controles, sí, necesitamos más”, manifestó.

El ajuste de los presupuestos familiares completa ese panorama. La dirigente explicó que muchas personas dejan de tomar un taxi y optan por caminar o trasladarse en bicicleta para reducir gastos. “En el sector del taxi, tanto taxi como el transporte en general, la verdad que es bastante caótica la situación con respecto a lo económico”, afirmó.

Con ese escenario, la asociación ya busca alternativas para afrontar enero, cuando las vacaciones de las empresas suelen reducir nuevamente la demanda. Fuentes adelantó que evalúan organizar un evento para aliviar el pago de las centrales durante ese período. “Estamos tratando de prever el problema que se nos va a venir en enero”, indicó.