“Desde Amnistía Internacional Argentina estamos haciendo relevamientos a nivel federal sobre el estado de la implementación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo para dar cuenta de cuales han sido los avances y cuales los obstáculos en el acceso a la prestación, a 11 meses de su vigencia, esto fue con pedidos de acceso a la información pública en las 24 jurisdicciones de nuestro país y hoy tenemos misiones en distintos territorios para poder entrevistar a autoridades, a referentes de la sociedad civil que vienen acompañando el acceso al aborto legal, como o así también a mujeres y conocer como ha sido su recorrido y poder identificar los obstáculos que se han tenido”, aseguró Lucila Galkin, Directora de Género y Diversidad.

En agosto pasado, desde la misma entidad se había emitido un informe donde se referían a la situación particular de Río Grade, Tierra del Fuego, y las barreras con las que se encontraban las mujeres y personas gestantes para acceder a un aborto legal, seguro y gratuito. Por este motivo es que, en este trabajo territorial, arribaron a Río Grande.

“Estuvimos reunidos con la Directora del Hospital, Doctora Viviana Muller, y el Jefe de Maternidad e Infancia, el Doctor Treitel, para conocer como es el estado de situación en el acceso en el segundo nivel de atención es decir con mujeres con más de 12 semanas de gestación, y tomamos conocimiento efectivamente que no se garantiza el acceso en el Hospital Regional de Río Grande, y las mujeres necesitan acceder a la interrupción voluntaria y legal del embarazo encuentran barreras y deben trasladarse a Ushuaia, con lo que eso implica, las inclemencias climáticas y geográficas y como esto impacta en las mujeres”.

Dicha situación de no acceso a la prestación: “No solo implica demoras, sino que pone en riesgo la salud de las mujeres, porque muchas mujeres ven difícil trasladarse, por cuestiones laborales, familiares, compromisos, muchas otras nos han dicho que deben costearse el traslado, lo que incumple con la Ley que es garantizar el acceso de modo gratuito, pero creemos que el Hospital debe reorganizar su servicio de salud con tal de contar con profesionales que garanticen el acceso a la prestación” y agregó: “la Lay establece la obligatoriedad que los efectores de salud pública cuenten con profesionales para garantizar la práctica y el Hospital Regional Río Grande no se adecuo a la nueva normativa”, aseguró Galkin.

“Al final de nuestro viaje, vamos a reunirnos con el Doctor Thompson, Secretario de Salud, a fin de llevar nuestros diagnostico preliminar, con lo que hemos identificado en estos días de entrevistas, con actores que están involucrados en el acceso al aborto legal y a partir de ello, haremos recomendaciones para promover el acceso a la práctica”, dijo.

Una vez que reúnan la mayor cantidad de información posible, “más hacia fin de año haremos un diagnostico a nivel nacional, dando cuenta de las particulares de lo que está sucediendo en el territorio y específicamente en Río Grande, Tierra del Fuego”.

“No se ejerce un derecho que se desconoce”

Lucila Galkin reconoce que existen avances en algunas jurisdicciones, sin embargo, a 11 meses de la sanción de la Ley 27.610, son muchas las barreras con las que se topan las mujeres y personas gestantes que buscan acceder a la práctica. Uno de los principales problemas es la falta de acceso a la información.

“Sin desconocer los avances que se han hecho en algunos lugares del país con capacitaciones y demás, el principal diagnóstico es la falta de acceso a la información, la falta de campañas sobre el acceso al aborto legal, y la verdad es que no se ejerce un derecho que se desconoce, esa es la principal barrera”.

Una web para conocer tus derechos y cómo hacer reclamos

Debido a esta falta de información y campañas publicitarias, desde Aministía Internacional se lanzó la siguiente página amnistia.org.ar/derechoalaborto/ , ya que, “se desconoce si tiene derecho a interrumpir voluntaria y legalmente el embarazo, como hacerlo, donde, con quien comunicarse, por eso es que hace poco hemos lanzado un sitio en que cuenta con información sobre cómo acceder al aborto en el sistema público y privado, y qué hacer cuando se presentan barreras, como presentar un reclamo y también pueden llenar un formulario donde nos pueden acercar cuales son los obstáculos para saber cómo acompañar a las mujeres y personas gestantes, dijo Galkin.

Acceso al aborto legal y mujeres lejos de las ciudades

“En lugares alejados de las capitales las mujeres están teniendo barreras para acceder a la prestación porque no hay disponibilidad a los servicios de salud ni personal capacitado y la verdad se da e muchas provincias del país”, dijo la Directora de Género y Diversidad, “por ejemplo, en Catamarca, las mujeres que viven en Aldalgala tienen que viajar más de tres horas y media para encontrar un centro de salud, y no solo tiene que ver con las demoras, sino que ponen en riesgo su salud, y se reitera en diferentes lugares, de hecho en Buenos Aires, sigue habiendo numerosos municipios que a la fecha, no garantizan el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo”, comentó.

“Hemos presentado pedidos de acceso a la información pública y todavía no hemos obtenido respuestas, así que estamos reiterando los pedidos para que se cumplan los plazos. De la última publicación, 36 municipios no presentaban efectores de salud que garanticen el acceso a la práctica”.

“Otro indicador es el colapso del 0800 que es la línea de Salud Sexual del Ministerio de Salud de la Nación, donde escuchamos a mujeres que tienen dificultades para comunicarse”, por último, otro factor que impide el cumplimiento de la ley 27.610, tiene que ver con “la producción y comercialización de mifepristona en el país, que es un reclamo que se viene sosteniendo hace años, entre otras cuestiones que hacen falta para cumplir”.

En lo que resta de estos días de trabajo territorial en Tierra del Fuego, restan reuniones y entrevistas con autoridades de salud, también con mujeres y personas gestantes que han podido acceder a la interrupción del embarazo, o aquellas que no lo han logrado, debido a las distintas barreras.

Para fin de año, se espera que Amnistía Internacional posea la información de las 24 jurisdicciones y así, se emitirán una serie de recomendaciones tanto para el Ministerio de Salud de la Nación, como así también los ministerios de las provincias.