Se trata del caso de la vecina Deborah Pedra, que habita actualmente en un departamento del barrio Malvinas Argentinas en Río Grande. Por la vivienda que pertenece al Instituto Provincial de Viviendas (IPV), la mujer habría cancelado un total de $800.000, sin embargo la adjudicataria original pide que desaloje el lugar tras una maniobra ilegal de venta.

“Le compre el departamento a Romina Núñez, ella me lo vendió en $300.000 y le quedaba una deuda de $590.000. Habíamos quedado que ella iba a cancelar deuda de luz, gas, pero nunca lo hizo”, dijo la mujer a Minuto Fueguino.

Y continuó, “me dijo que ella se iba a vivir a Chacra IV, que no podía vivir acá porque el hijo tenía problemas de asma y no podía subir las escaleras al segundo piso”.

Según lo relatado por la mujer, esto último no sería cierto debido a que la propietaria original se habría ido a vivir a Bahía Blanca. “Al parecer le fue mal allá y quería volver, me empezó a decir que dejara el departamento pidiéndome más plata de lo que habíamos acordado. Le entregué a ella en total $800.000”, detalló la vecina.

Previo a la transacción, vivía en una casilla con sus cuatro hijos, “cuando me salió esta oportunidad no la pensé, vendí la casilla y pedí plata prestada. Ahí le pude entregar la plata que ella me pedía”.

“Ahora me está pidiendo que me vaya o que va a mandar carta documento para el desalojo. No me quiere devolver nada de lo que pagué, es más quiere que le dé más plata, sumando todos los arreglos que tuve que hacer porque la casa estaba destruida”, detalló.

En búsqueda de una solución a su situación, la vecina se dirigió al IPV, “presenté los papeles y me dijeron que la venta que ella hizo es ilegal porque hasta no estar cancelado y escriturado no se puede vender. Me dijeron que lo que hacen en estos casos es desadjudicarla a ella y me sacan a mí, el departamento volvería al IPV. Ahora estoy esperando que me llamen para ver que me dicen”.