El representante de los abogados ante el Consejo de la Magistratura de Tierra del Fuego, Marcelo Castelli, advirtió que las medidas de fuerza de los trabajadores judiciales afectan el desarrollo de los expedientes y dificultan el acceso a la Justicia. Aunque las cuestiones urgentes continúan siendo atendidas, aseguró que los tiempos de respuesta son mayores y que la situación se repite tanto en Río Grande como en Ushuaia.
Los reiterados paros de trabajadores judiciales comenzaron a generar preocupación entre los profesionales del derecho por las demoras que provocan en la tramitación de expedientes. La situación afecta a los dos distritos judiciales de Tierra del Fuego y repercute sobre personas que necesitan respuestas de los tribunales. Entre las cuestiones que generan especial preocupación aparecen los reclamos urgentes, como aquellos relacionados con obligaciones alimentarias.
En comunicación con un programa radial, Marcelo Castelli, representante de los abogados ante el Consejo de la Magistratura, explicó que las medidas gremiales dificultan el ejercicio profesional y afectan el funcionamiento habitual de los juzgados. Según indicó, los inconvenientes se registran tanto en Ushuaia como en Río Grande, donde las interrupciones de actividades provocan una acumulación de trámites pendientes. La reiteración y duración de los paros agravan las dificultades para avanzar con los expedientes.
"Estamos sufriendo, por llamarlo de alguna forma, medidas gremiales que sinceramente dificultan bastante el ejercicio profesional y, bueno, con eso el acceso a la justicia de todos los ciudadanos", manifestó Castelli al describir el escenario actual. El abogado señaló que, desde el ejercicio profesional, todavía no lograron encontrar una solución que permita normalizar los tiempos de tramitación. También reconoció que la continuidad de las medidas repercute directamente sobre quienes esperan una resolución judicial.
Las cuestiones urgentes se atienden, pero con mayores demoras
Uno de los aspectos abordados durante la entrevista fue la situación de los expedientes que requieren respuestas inmediatas, entre ellos los relacionados con cuotas alimentarias. Castelli aclaró que los funcionarios judiciales responsables de atender estos asuntos continúan interviniendo pese a las medidas de fuerza. Sin embargo, explicó que el funcionamiento no alcanza la misma velocidad que durante una jornada de actividad normal.
"Seguimos con demoras importantes en lo que es los despachos judiciales y si bien las cuestiones urgentes, los funcionarios que están obligados a atender, las van solucionando, por supuesto que no es con la misma celeridad que se hace cuando no hay paro", sostuvo. De esta manera, diferenció la atención de las urgencias de la velocidad con la que efectivamente se resuelven los trámites. La preocupación se concentra en las consecuencias que estas demoras pueden tener para las personas que dependen de una decisión judicial.
El representante de los abogados remarcó que las medidas prolongadas afectan el funcionamiento general del sistema y generan dificultades que se acumulan con el paso de los días. Aunque existen mecanismos para atender situaciones prioritarias, la actividad judicial continúa condicionada por las interrupciones. "Se resiente sin duda el sistema de justicia con las medidas, más cuando son tan constantes y prolongadas", afirmó.
Preocupación por el acceso a la Justicia
Castelli consideró que las consecuencias de los paros no se limitan a las dificultades laborales de los abogados, sino que también alcanzan a los ciudadanos que necesitan recurrir a los tribunales. La demora en los despachos judiciales puede prolongar la espera de quienes buscan resolver conflictos personales, familiares o patrimoniales. En ese contexto, sostuvo que el acceso a la Justicia se ve afectado por la falta de normalidad en el funcionamiento de las dependencias.
Durante la entrevista también se mencionó la falta de señales concretas sobre una solución al conflicto que permita recuperar el ritmo habitual de trabajo. Castelli no anunció acuerdos ni avances específicos entre las partes, pero confirmó que los inconvenientes continúan desde la perspectiva de los profesionales. Su preocupación principal estuvo centrada en la necesidad de garantizar respuestas oportunas a quienes tienen expedientes en trámite.
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