La subsecretaria de Hábitat y Ordenamiento Territorial del Municipio de Río Grande, Florencia Ortiz, se refirió a la situación actual de la demanda habitacional en la ciudad y al trabajo que se lleva adelante desde el área para avanzar en soluciones para las familias inscriptas en el registro municipal.

En comunicación con Radio Fueguina, la funcionaria explicó que actualmente existe un importante número de vecinos que aguardan acceder a un lote o a una solución habitacional, al tiempo que destacó que el registro se mantiene en permanente actualización para garantizar la transparencia del proceso.

“Actualmente existen más o menos 5.600 postulantes activos en el registro de demanda habitacional. Este registro es dinámico porque venimos en constante trabajo con los postulantes y también un trabajo administrativo interno para que se trate de postulaciones que estén actualizadas”, señaló Ortiz. Asimismo, remarcó que detrás de cada entrega existe un trabajo conjunto entre las familias y el Municipio, destacando que contar con un terreno representa una solución definitiva para quienes atraviesan la problemática habitacional.

En ese marco, recordó que la última entrega de terrenos se realizó en mayo del año pasado, cuando se adjudicaron 50 lotes correspondientes a un remanente de los barrios Bicentenario y Centenario. Según indicó, actualmente el Municipio se encuentra realizando controles para asegurar que las familias adjudicatarias puedan habitar los terrenos y evitar que los mismos permanezcan sin uso.

La subsecretaria también señaló que los anuncios vinculados a nuevas soluciones habitacionales generan un importante movimiento en las oficinas del área. En ese sentido, precisó que durante los meses de enero y febrero alrededor de 1.500 personas por mes se acercaron a las dependencias ubicadas en Rosales y 9 de Julio para realizar consultas o actualizar su documentación.

Finalmente, Ortiz explicó que la asignación de lotes no se define únicamente por el año de inscripción, ya que existen distintos cupos establecidos por normativa, entre ellos por discapacidad, vulnerabilidad social, instituciones, pueblos originarios y antigüedad en el registro, entre otros criterios que se aplican para determinar las adjudicaciones.