La investigación por la golpiza y los presuntos abusos cometidos contra tres internos de la Unidad de Detención N.º 1 de Río Grande ingresó en una nueva instancia. La jueza Cecilia Cataldo levantó el secreto de sumario y aguarda la realización de nuevas medidas probatorias solicitadas por el fiscal mayor Martín Bramati.

Uno de los pasos centrales será recibir las declaraciones testimoniales de Gastón Iván Burgoa Albarracín, Alexis Maximiliano Burgoa Zapata y Pedro de Jesús Flores. Los tres permanecen alojados en una dependencia penitenciaria de Ushuaia por razones de seguridad, pese a haber recuperado la libertad en otra causa.

El episodio investigado ocurrió el 9 de mayo de 2026 en el Pabellón B de la cárcel riograndense. De acuerdo con la hipótesis judicial, los tres jóvenes habrían sido golpeados y sometidos a vejámenes. En el expediente están imputados diez internos y miembros de la guardia penitenciaria que cumplían funciones durante aquella jornada. Ocho agentes fueron apartados preventivamente.

A fines de junio se intentó tomar declaración a las presuntas víctimas en Ushuaia, con la participación de profesionales del Poder Judicial. Sin embargo, la audiencia fue suspendida luego de que un psicólogo desaconsejara continuar por el temor manifestado por los internos y el riesgo de revictimización. Hasta el momento no se estableció una nueva fecha.

Cataldo continuará al frente del expediente después de que la Cámara de Apelaciones rechazara la recusación presentada por las defensas de dos internos imputados. Los abogados cuestionaron que la magistrada hubiera mantenido entrevistas reservadas con las víctimas junto con un equipo interdisciplinario, sin participación de las defensas.

Los jueces Federico Vilella y Julián de Martino consideraron que esos encuentros tuvieron como finalidad explicar a los internos el alcance de las declaraciones y pericias. También señalaron que las actuaciones quedaron documentadas y no representaron un adelanto de opinión sobre los hechos ni sobre la responsabilidad de los acusados.

Todavía deberá resolverse otro planteo presentado por el defensor oficial Marcelo Scola contra el fiscal Bramati, en representación de los agentes penitenciarios investigados. Además, se incorporó al fiscal Ariel Pinno como coadyuvante dentro de la causa.

La libertad otorgada el 8 de julio a Burgoa Albarracín, Burgoa Zapata y Flores corresponde a un expediente diferente, iniciado por una agresión ocurrida el 2 de mayo en la Margen Sur. La Cámara revocó el procesamiento por robo agravado y mantuvo únicamente la imputación por lesiones leves, junto con reglas de conducta, restricciones de acercamiento y el uso de tobilleras electrónicas. Esa resolución no modifica la investigación por los hechos ocurridos dentro de la cárcel, que continúa tramitándose de manera independiente.