La Cámara de Comercio, Industria y Producción (CCIP) de Río Grande manifestó su preocupación por el proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno nacional, al advertir que el Artículo 128 de la Ley Ómnibus/Bases pone en riesgo el financiamiento de las entidades empresarias, debilita la representatividad del sector privado y afecta directamente a las pequeñas y medianas empresas.
Desde la entidad señalaron que la norma prohíbe que las cámaras empresariales reciban aportes obligatorios, mientras mantiene —aunque con modificaciones— la denominada “cuota solidaria” para los sindicatos. Para el sector comercial, esta situación genera un desequilibrio entre trabajadores y empleadores, al afectar únicamente a uno de los actores de la relación laboral.
La CCIP confirmó que se encuentra en estado de alerta y adherida a la campaña nacional impulsada por cámaras empresarias de todo el país, que reclaman la revisión del artículo por considerar que desfinancia a las instituciones que representan al entramado productivo, especialmente en el interior.
Desde la Cámara remarcaron que estas entidades cumplen un rol central en la defensa, representación, capacitación y articulación de comercios, industrias y servicios, particularmente en economías regionales donde las PyMEs dependen en gran medida del acompañamiento institucional para sostener su actividad.
En ese sentido, advirtieron que quitar recursos a las cámaras empresarias no implica una modernización del sistema laboral, sino un debilitamiento de una de las partes, lo que termina impactando con mayor fuerza en los empleadores más pequeños, que no cuentan con estructuras propias de asesoramiento ni respaldo financiero.
Otro de los ejes planteados es el impacto federal de la medida. Desde la CCIP sostienen que las cámaras locales son, en muchos casos, la única voz organizada del sector productivo en ciudades alejadas de los grandes centros de decisión, y que desfinanciarlas implica reducir la participación de las economías regionales en la discusión de políticas públicas.
El debate sobre el Artículo 128 se inscribe en una discusión más amplia sobre el modelo de relaciones laborales que impulsa el Gobierno nacional y el rol de las organizaciones intermedias. Mientras desde el Ejecutivo se plantea la necesidad de reducir costos y reformar estructuras, el comercio advierte que sin instituciones representativas y con equilibrio de fuerzas, cualquier intento de modernización corre el riesgo de profundizar desigualdades y debilitar el entramado productivo.
Desde Río Grande, el sector comercial se sumó así a los reclamos de cámaras empresarias de todo el país para que se revisa el contenido del artículo, se abran instancias de diálogo real y se evite avanzar con una reforma que pueda afectar de manera directa la sostenibilidad de las PyMEs.
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