Durante la primera jornada de presentación del Presupuesto 2027 ante el cuerpo de concejales, los equipos de las Secretarías de Finanzas, Gobierno y Producción expusieron las prioridades de la gestión de Martín Perez. Valeria Capotorto reclamó el cumplimiento de las obligaciones provinciales en materia de coparticipación, mientras Gastón Díaz advirtió que la falta de recursos ya condiciona la ejecución de programas municipales. El Ejecutivo ratificó que sostener la salud, la asistencia social, los servicios esenciales y la obra pública constituye una prioridad frente a la crisis económica.

“Río Grande no se endeudó, Río Grande no pide salvatajes, Río Grande no pide adelantos de coparticipación. Por lo tanto, no debemos asumir los costos de la Provincia ante Nación, porque toda esa deuda debe ser asumida únicamente por la Provincia”. Con esta definición, la secretaria de Finanzas Públicas, Valeria Capotorto, marcó uno de los principales ejes de la presentación del Presupuesto Municipal 2027, realizada ante el cuerpo de concejales en las instalaciones del Museo Virginia Choquintel.

La jornada estuvo atravesada por una posición compartida de los equipos de la gestión de Martín Perez: la defensa de los recursos que pertenecen a Río Grande y la necesidad de garantizar el funcionamiento de los servicios públicos frente a las dificultades financieras que generan los atrasos provinciales en las transferencias de coparticipación.

El proyecto contempla recursos por $239.505 millones, de los cuales el 83% corresponde a coparticipación de impuestos nacionales, provinciales y regalías.

“La coparticipación no es un gasto: es el derecho legítimo y la herramienta central con la que el Municipio lleva adelante las políticas públicas a favor de su comunidad”, sostuvo Capotorto, quien remarcó que Río Grande no forma parte de la estructura de costos del Gobierno provincial.

La funcionaria explicó que, según los registros municipales, la deuda provincial continúa incrementándose. Recordó que el Tribunal de Cuentas Municipal consideró razonable una determinación provisoria superior a los $16.132 millones al 31 de agosto y advirtió que, desde la presentación del presupuesto, los fondos pendientes crecieron aproximadamente otros $2.000 millones.

Además, señaló que, pese a los compromisos recientes para reducir los atrasos, el Municipio debió realizar una nueva intimación por diferencias superiores a los $650 millones en las transferencias previstas para esta semana.

Díaz: “Hay programas que no se van a poder ejecutar por la falta de recursos”

Por su parte, el secretario de Gobierno, Gastón Díaz, llevó la discusión financiera al impacto concreto que tiene sobre el funcionamiento de la ciudad.

Durante su exposición advirtió que, de los recursos presupuestados para el presente ejercicio, hasta el momento ingresó aproximadamente el 65%, con una proyección de alcanzar entre el 75% y el 80% hacia fin de año.

“¿Qué significa ese 20% de recursos que no estarían llegando? Significa que hay programas que no se van a terminar de ejecutar en su totalidad o que directamente no se han podido llevar adelante” , afirmó.

El funcionario remarcó que esta situación obliga a establecer prioridades y sostuvo que la gestión municipal concentrará sus esfuerzos en la atención sanitaria, la contención social y el sostenimiento de los servicios esenciales.

“Las prioridades que nosotros observamos tienen que ver con la contención en materia de salud pública y con la cuestión social”, expresó, al advertir que la pérdida de empleos industriales también provoca que numerosas familias pierdan su cobertura médica y deban recurrir al sistema municipal de salud.

Díaz también se refirió al transporte público, donde se registra una caída cercana al 26% en la cantidad de usuarios. Confirmó que se trabaja en un nuevo pliego de concesión para actualizar recorridos, frecuencias y herramientas tecnológicas, pero advirtió que la continuidad del acompañamiento económico municipal depende de contar con los recursos necesarios.

“Queremos seguir teniendo una política de transporte con acompañamiento municipal, pero eso solamente lo podemos hacer si hay recursos”, señaló.

Sostener los servicios y la obra pública frente a la crisis

El Presupuesto 2027 establece como prioridades una inversión de $18.682 millones en salud, aproximadamente $6.670 millones para fortalecimiento alimentario, cerca de $38.986 millones destinados a servicios ambientales y más de $5.000 millones para el transporte público.

También contempla un Plan de Obras Públicas por $20.105 millones, distribuido en 37 intervenciones vinculadas con infraestructura, mejoramiento vial, saneamiento y generación de suelo urbano.

“La obra pública no solamente nos va a permitir terminar proyectos que están encaminados con recursos municipales, sino que también es motor de la economía, motor de crecimiento y generador de empleo”, destacó Díaz.

En materia tributaria, Capotorto explicó que el proyecto propone una bonificación del 60% sobre la Unidad Fiscal, que llevaría su valor a $508 durante 2027, por debajo de los $537,72 actuales, además de beneficios para contribuyentes cumplidores y pagos anticipados.

“La política tributaria de Río Grande no es incrementar impuestos”, afirmó.

La defensa de los recursos como una cuestión de autonomía municipal

Las exposiciones de Finanzas y Gobierno dejaron planteada una preocupación central: la caída de los ingresos y los atrasos en las transferencias provinciales no representan solamente un problema contable, sino que afectan directamente la capacidad del Municipio de garantizar prestaciones y responder a las necesidades de la comunidad.

En ese escenario, la gestión de Martín Perez ratificó su decisión de sostener la presencia del Estado municipal, especialmente frente al crecimiento de la demanda social y las consecuencias de la crisis industrial.

El planteo político e institucional de la jornada fue claro: Río Grande no debe asumir las consecuencias del endeudamiento provincial ni resignar recursos que legalmente le corresponden.

La coparticipación no constituye una ayuda económica ni una transferencia discrecional del Gobierno provincial. Es una obligación legal cuya regularidad resulta indispensable para sostener la autonomía municipal.

Defender esos recursos significa defender la capacidad de Río Grande de garantizar servicios, acompañar a las familias y continuar invirtiendo en el desarrollo de la ciudad, aun en uno de los escenarios económicos más complejos de los últimos años.