El conflicto por la distribución de los recursos provinciales sumó un nuevo capítulo en Tierra del Fuego. La Municipalidad de Río Grande decidió endurecer su reclamo ante las demoras en el envío de fondos y notificó formalmente a dos funcionarias del Gobierno provincial, con un plazo de 48 horas para adoptar medidas que permitan regularizar las transferencias.

La medida fue concretada el pasado 30 de octubre mediante cartas documento dirigidas a la contadora general de la Provincia, Yesica Solange Flecha, y a la tesorera provincial, Romina Rouco. En las presentaciones, el Ejecutivo municipal exige el cumplimiento de las obligaciones financieras correspondientes a la ciudad y advierte sobre la posibilidad de iniciar acciones legales.

De acuerdo con los registros municipales, al 30 de septiembre la suma pendiente ascendía a $17.294.814.520, producto de recursos provenientes de la coparticipación, regalías y el Bono de Compensación. El Municipio considera que la falta de disponibilidad de esos fondos genera dificultades para administrar sus cuentas, cumplir compromisos económicos y garantizar la continuidad de las prestaciones públicas.

Uno de los principales cuestionamientos apunta a los plazos de pago. Desde el Ejecutivo riograndense aseguran haber identificado, a partir del análisis de decretos provinciales y movimientos bancarios, diferencias entre las fechas en las que debían concretarse las transferencias y aquellas en las que finalmente fueron acreditadas.

El reclamo también incorpora una discusión sobre la autonomía municipal. La administración local fundamenta su posición en el artículo 135 de la Constitución de Tierra del Fuego, al considerar que los recursos coparticipables constituyen fondos que corresponden legalmente a los municipios y cuya distribución no debería quedar condicionada por decisiones discrecionales de la Provincia.

Además de reclamar la regularización de los pagos, Río Grande solicitó documentación precisa sobre las liquidaciones practicadas, los importes efectivamente transferidos y las razones jurídicas que pudieran justificar descuentos, retenciones o postergaciones. Las funcionarias notificadas cuentan con 48 horas desde la recepción de las intimaciones para dar respuesta a los requerimientos.

En caso de que la situación continúe sin resolverse, la Municipalidad anticipó que podría recurrir a la vía judicial, solicitar la intervención del Tribunal de Cuentas y presentar una denuncia ante el Ministerio Público Fiscal, con el propósito de determinar si existieron responsabilidades administrativas o penales.

La decisión marca una nueva etapa en la disputa financiera entre el Municipio y el Gobierno provincial. Lo que comenzó como un reclamo por atrasos en la remisión de recursos ahora podría trasladarse al ámbito judicial, en medio de las dificultades presupuestarias que, según las autoridades municipales, afectan la planificación de obras, el cumplimiento de obligaciones y el sostenimiento de los servicios que recibe la comunidad.