Luego de la aprobación de la ordenanza que regula el funcionamiento de plataformas digitales de transporte como Uber en Río Grande, el concejal Jonatan Bogado, autor del proyecto, brindó detalles sobre la iniciativa y defendió la necesidad de avanzar en una normativa que ordene el servicio en la ciudad.

En diálogo con Minuto Fueguino, el edil remarcó que la discusión no es nueva y que se trata de un tema que lleva años de debate. “Ha sido un trabajo muy largo en el tiempo. Esta discusión comenzó hace aproximadamente seis años y desde esta gestión nos tomamos la responsabilidad de escuchar a todos los sectores involucrados”, señaló.

En ese marco, destacó que durante el proceso se mantuvieron reuniones con vecinos, usuarios del servicio, taxistas, remiseros y también con choferes que actualmente trabajan con aplicaciones. “Se hizo un trabajo serio de comisión, con responsabilidad, entendiendo que era necesario en este momento establecer una normativa que traiga claridad al sistema de transporte de personas en Río Grande”, afirmó.

Bogado explicó que el eje central de la ordenanza es igualar las condiciones de funcionamiento entre todos los actores del transporte. “Hoy los taxis y remises tienen exigencias muy claras en materia de seguridad, salubridad y calidad del servicio. Las plataformas digitales ingresaron al mercado sin cumplir con esos requisitos, y eso generó una desigualdad que era necesario corregir”, indicó.

En ese sentido, subrayó que la normativa no busca prohibir ni limitar el trabajo, sino regular una actividad que ya existe. “No estamos creando un nuevo servicio. Uber, Cabify o cualquier otra plataforma son sistemas de intermediación. Lo que estamos haciendo es ordenar cómo se presta el servicio de transporte en la ciudad”, sostuvo.

Uno de los puntos más relevantes del proyecto es la fijación de un cupo inicial de 800 vehículos habilitados para operar mediante plataformas. Según explicó el concejal, esta medida responde a la necesidad de evitar la saturación del sistema. “Hoy tenemos un mercado totalmente saturado. Hay mucha gente que se ha volcado al transporte porque perdió su trabajo. Por eso se establece un límite que puede ser revisado si la demanda lo requiere”, señaló.

En relación a las críticas que advierten que la ordenanza podría dejar a trabajadores fuera del sistema, Bogado fue contundente. “No es cierto que se les quite la posibilidad de trabajar. Lo que se exige es lo mismo que se le pide a cualquier trabajador del transporte de personas. Son requisitos básicos vinculados a la seguridad de los pasajeros”, afirmó.

Además, cuestionó las lecturas políticas que intentan responsabilizar al Concejo Deliberante por la situación laboral de quienes hoy recurren a estas plataformas. “Hay una intención de instalar que esta normativa genera desempleo, pero eso no es así. La realidad es que muchas personas llegan a Uber porque ya se quedaron sin trabajo en otros sectores”, expresó.

En esa línea, vinculó el crecimiento de estas aplicaciones con el contexto económico actual. “Hay trabajadores de la industria, del comercio, de la construcción que hoy no tienen empleo o no llegan a fin de mes y se ven obligados a salir a manejar. Esa es la problemática de fondo, no la existencia de una ordenanza”, remarcó.

Sobre la implementación de la normativa, el concejal detalló que se creará un registro de conductores y otro de vehículos, y que será el Municipio el encargado de habilitar, controlar y fiscalizar el cumplimiento de los requisitos establecidos. También aclaró que el cupo se aplica a los vehículos y no a los conductores, por lo que un mismo rodado podría contar con más de un chofer habilitado.

Por otra parte, dejó en claro que modalidades informales como el denominado “Uber por WhatsApp” no estarán permitidas dentro del nuevo esquema. “El espíritu de la norma es regular las plataformas digitales de intermediación. Todo lo que esté por fuera de ese sistema no está contemplado”, explicó.

Finalmente, Bogado insistió en que la ordenanza no viene a resolver el problema estructural del empleo, sino a dar un marco legal a una actividad que ya funciona en la ciudad. “La problemática es el trabajo. Tenemos un mercado saturado porque cada vez hay más personas sin empleo. Esta ordenanza no viene a solucionar eso, sino a regularizar una situación existente y garantizar condiciones más justas y seguras para todos”, concluyó