El Concejo Deliberante de Tolhuin solicitó al Ejecutivo municipal que presente documentación detallada sobre el funcionamiento de las canteras emplazadas dentro del ejido urbano. El requerimiento fue formalizado mediante la Resolución N.º 047/2026 y deberá ser respondido dentro de un plazo de diez días.

La iniciativa pretende conocer la situación administrativa de cada explotación y determinar si las empresas cumplen con las condiciones económicas, ambientales y operativas establecidas para la extracción de minerales de tercera categoría. El Municipio tendrá que identificar las canteras habilitadas, en trámite, vencidas o en infracción, además de informar quiénes son sus titulares, dónde están ubicadas, qué superficie ocupan y qué materiales pueden extraer.

El pedido también comprende los contratos de concesión, habilitaciones, planos georreferenciados y declaraciones juradas trimestrales de los operadores. A su vez, se deberán precisar los volúmenes de material retirados durante 2024, 2025 y los meses transcurridos de 2026.

Otro de los puntos centrales será la fiscalización municipal. El Ejecutivo deberá comunicar cuántas inspecciones efectuó, qué irregularidades encontró, qué multas impuso y si existen procedimientos en marcha para cancelar concesiones por incumplimientos.

Los concejales también reclamaron información sobre las autorizaciones excepcionales otorgadas para extraer áridos destinados a obras públicas. En cada caso, se tendrá que individualizar el proyecto beneficiado, la cantera de procedencia, la cantidad de material autorizada y el cumplimiento de las exigencias ambientales.

La resolución busca además establecer el impacto económico de la actividad en las cuentas municipales. Por ese motivo, se exigió detallar la recaudación obtenida desde enero de 2024 por cánones, tasas, contraprestaciones y sanciones, así como las deudas que mantiene cada concesionario y el destino presupuestario asignado a esos fondos.

En materia ambiental, el Municipio tendrá que remitir las declaraciones de Impacto Ambiental vigentes, los seguros de caución constituidos y el avance de los planes destinados al cierre y la recuperación de los espacios intervenidos.

El nuevo requerimiento se produjo luego de que una respuesta entregada por el Ejecutivo en 2024 fuera considerada incompleta. Según se indicó, aquella documentación no permitió conocer con precisión los niveles de extracción, la recaudación discriminada, las obligaciones ambientales pendientes ni la deuda acumulada por los operadores.

Con este pedido, el cuerpo deliberativo busca ampliar la transparencia y reforzar el control sobre una actividad que tiene consecuencias directas sobre el ambiente, la infraestructura vial, las finanzas públicas y la administración de los recursos naturales de Tolhuin.