Mientras continúa el paro industrial en toda la provincia en rechazo a la quita de aranceles a productos electrónicos, una nueva controversia de carácter geopolítico sacude Tierra del Fuego: el Gobierno Nacional analiza un pedido formal del Comando Sur de Estados Unidos para instalar una base de submarinos en la ciudad de Ushuaia. La propuesta, presentada por el almirante Alvin Holsey ante funcionarios de la Casa Rosada, generó un inmediato rechazo en distintos sectores políticos fueguinos.

Según trascendió, el pedido forma parte de un plan más amplio para consolidar una base militar conjunta en el sur del país. Desde el oficialismo nacional reconocen que los planos del proyecto ya estarían elaborados, aunque su concreción dependería de la aprobación de partidas presupuestarias en el corto plazo.

La propuesta se inscribe dentro de la estrategia de Estados Unidos para aumentar su presencia militar en el Atlántico Sur y la región antártica, en línea con políticas impulsadas durante la administración de Donald Trump, orientadas a contrarrestar la creciente influencia de China en Sudamérica.

En Tierra del Fuego, la posibilidad de establecer una base naval extranjera en suelo argentino encendió las alarmas. El intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, expresó su enérgico rechazo al proyecto: “Ushuaia no se entrega. Esto es una cesión inadmisible de soberanía”, señaló en redes sociales, remarcando que la presencia de submarinos y tropas extranjeras “no responde a los intereses nacionales, sino a una estrategia geopolítica ajena”.

En la misma línea, Andrés Dachary, secretario de Asuntos Internacionales del Gobierno provincial, advirtió que la provincia se enfrenta a “una avanzada que combina radares, ejercicios militares y, ahora, una base de submarinos”, lo que configura un cuadro de riesgo para la soberanía y la proyección antártica argentina. “No podemos permitir que Ushuaia se convierta en una especie de Guantánamo del sur”, señaló el funcionario.

La iniciativa militar se suma a otra polémica aún vigente: el intento por reactivar un radar de alta potencia ubicado cerca de Tolhuin, propiedad de la empresa LeoLabs. El Gobierno fueguino había revocado sus permisos en 2023 tras vincular a la compañía con capitales británicos y advertir sobre un posible uso militar encubierto. Aunque LeoLabs alega estar controlada por accionistas estadounidenses y dedicada al rastreo de basura espacial, su acuerdo estratégico con el Ministerio de Defensa del Reino Unido alimentó las sospechas en la provincia.

Desde distintos sectores de la dirigencia local y organizaciones de derechos humanos se repite una consigna clara: Tierra del Fuego es una provincia estratégica para los intereses nacionales, y cualquier decisión que comprometa su rol geopolítico debe pasar por un profundo debate federal, con participación activa de sus habitantes. Mientras tanto, el rechazo al proyecto crece y se proyecta como un nuevo punto de conflicto entre Nación y Provincia.