Este miércoles, en el marco del juicio oral por el intento de homicidio de Lautaro Maximiliano Ortigoza, se desarrolló una jornada clave ante el Tribunal de Juicio en lo Criminal del Distrito Judicial Norte. Mientras que uno de los imputados, Dilan Catriel Blanco, optó por no declarar, su coimputada, Mía Martina Villanueva, decidió romper el silencio y ofrecer un extenso testimonio que se prolongó por más de una hora ante los jueces Verónica Marchisio, Eduardo López y Juan José Varela.

Villanueva, actualmente de 19 años, relató de manera cronológica su vínculo con Ortigoza, su entorno familiar y el desarrollo de los hechos que culminaron en el brutal ataque registrado la noche del 11 de junio de 2023 en un descampado lindero al ex frigorífico CAP. En ese lugar, Ortigoza fue emboscado, golpeado y apuñalado con un arma blanca, siendo luego abandonado a la intemperie. Según la acusación de la Fiscalía, estuvo en riesgo de muerte durante horas, hasta que fue rescatado gracias a que había compartido su ubicación por mensaje con un amigo.

Durante su declaración, Villanueva explicó que conocía a Ortigoza desde hacía años, pero que la relación entre ambos se había vuelto distante y conflictiva en el último tiempo. Contó que retomaron el contacto hacia fines de 2022, aunque con el paso de los meses comenzaron los desencuentros y episodios de hostigamiento, principalmente a través de redes sociales.

La joven sostuvo que la víctima la insultaba mediante publicaciones directas en su contra, mencionando su nombre y su usuario de Instagram, y que esa situación generó gran incomodidad en su entorno familiar, en especial su madre y su abuela. “Me decía cosas como que yo era una regalada, que me ofrecía por plata, que era una puta. Lo hacía públicamente, y toda mi familia lo veía”, expresó entre lágrimas ante el Tribunal.

Consultada por los hechos del 11 de junio, Villanueva admitió haber solicitado a Sebastián Santander —adolescente de 15 años, exnovio de Ortigoza e inimputable por su edad— que prestara su cuenta de Instagram para contactar al joven. Aseguró que Santander accedió de forma voluntaria, y que luego ella misma le envió mensajes a la víctima haciéndose pasar por él para coordinar el encuentro. Según dijo, su intención era "hablar" con Ortigoza sobre ciertos conflictos personales, pero reconoció haber mencionado que lo "iban a golpear", aunque insistió en que no sabía que Blanco intentaría matarlo.

En un tramo central de su testimonio, la imputada reveló que había leído conversaciones en las cuentas secundarias de Ortigoza que —según sus palabras— implicaban una relación íntima entre él y Blanco, primo de la víctima. Eso, sostuvo, fue uno de los motivos que detonaron la situación de tensión. “Me enteré que hablaban de cosas sexuales entre ellos. Me dolió. Por eso le pedí la cuenta a Sebastián y lo cité, quería hablarlo en persona”, afirmó.

Villanueva intentó desvincularse del ataque en sí, afirmando que no estuvo al tanto de que Blanco llevaría un cuchillo, ni que la intención fuera causarle lesiones graves. No obstante, reconoció haber acompañado al lugar, haberle facilitado la llegada y haber permanecido durante el episodio sin intervenir. “Yo nunca pegué en mi vida. Nunca me metí en problemas. Solo quería hablar con él. No pensé que terminaría así”, declaró.

La Fiscalía, representada por Jorge López Oribe, ya había leído el día anterior una acusación contundente, en la que se describe el hecho como un intento de homicidio doblemente agravado por el vínculo, la alevosía y la intervención de un menor de edad. Según esa acusación, el ataque fue planificado y ejecutado con división de funciones, y Villanueva tuvo un rol activo y determinante al convocar a la víctima con engaños y apoyar psicológicamente a Blanco durante la agresión.

El juicio continuará en los próximos días con la recepción de nuevos testimonios y pericias médicas, que buscarán establecer con precisión el grado de responsabilidad penal de los acusados. Ortigoza, que logró sobrevivir gracias al aviso previo de su ubicación, estuvo internado casi un mes en terapia intensiva, con múltiples fracturas, heridas cortantes y más de 200 lesiones en su cuerpo.

El caso ha generado un fuerte impacto social por la violencia del hecho y la corta edad de los involucrados. La Justicia ahora deberá determinar si existió intención homicida y cómo se configuró la participación de cada uno de los imputados en este hecho que conmocionó a la ciudad de Río Grande.