Una causa judicial por posible infracción ambiental avanza en la provincia de Tierra del Fuego. El juez de Instrucción Sergio Pepe citó a indagatoria a cinco directivos de las firmas Río Chico S.A. y Transiland S.R.L., señaladas por su presunta participación en el manejo indebido de residuos plásticos industriales.

Las audiencias se realizarán del 4 al 8 de agosto en sede judicial. Los imputados deberán presentarse junto a sus abogados, o en su defecto, contarán con un defensor oficial. También se ordenó solicitar los antecedentes penales a la Policía Provincial y al Registro Nacional de Reincidencia.

La investigación se encuadra en una posible violación a la Ley 25.051, que regula la gestión de residuos industriales y sanciona toda acción que implique riesgo para la salud pública o el medio ambiente.

Todo comenzó tras una denuncia periodística que reveló el hallazgo de más de 150.000 bolsones plásticos industriales en un predio fiscal sin habilitación, usado como depósito a cielo abierto. El material se encontraba sobre palets, sin medidas de protección ni control oficial, y próximo a la cuenca del río Olivia.

Según consta en la causa, la empresa Río Chico sería responsable del acopio y traslado del material hacia la ciudad de Río Grande, mientras que Transiland habría intervenido en la logística del operativo bajo instrucciones de la primera.

La magnitud del hallazgo generó la intervención de la Secretaría de Ambiente provincial, que luego derivó el caso a la justicia. Como medida correctiva, Río Chico fue obligada a trasladar los bolsones fuera del predio y asumir el saneamiento del área afectada.

Hasta el momento, los intentos de este medio por obtener declaraciones oficiales de los responsables no prosperaron. En su momento, la empresa Río Chico informó que el jefe del depósito, Alejandro Cabral, se comunicaría con la prensa, aunque el contacto nunca se concretó.

Ahora, el proceso entra en una fase determinante. Las declaraciones previstas ante el juez permitirán evaluar si existió negligencia o dolo en el tratamiento de residuos potencialmente peligrosos, tal como establece la normativa vigente.