Mientras en la Casa Rosada insisten con que “la motosierra es infinita”, la realidad le impone límites. Esta semana, el Ejecutivo deberá lidiar con dos frentes que amenazan con ponerlo a la defensiva: por un lado, el conflicto persistente con los trabajadores del Hospital Garrahan; por otro, una sesión clave en la Cámara de Diputados donde la oposición busca avanzar con proyectos sensibles, como el aumento de las jubilaciones y la declaración de la emergencia en discapacidad.

Ambas iniciativas representan una expansión del gasto público que el oficialismo no está dispuesto a permitir. “No hay ninguna chance de que toquemos el Presupuesto”, advirtió a Infobae una figura central del Ejecutivo, dejando en claro el rechazo a las propuestas impulsadas por sectores no alineados con La Libertad Avanza.

El oficialismo mira con preocupación el panorama parlamentario del miércoles. Distintos bloques opositores —Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre, la Coalición Cívica y el Frente de Izquierda— lograron acordar un temario que podría lograr quórum, y eventualmente, la aprobación de algunos proyectos. Si eso ocurre en Diputados, donde el oficialismo suele tener más margen de maniobra, la situación podría volverse aún más complicada en el Senado.

Desde la presidencia de la Cámara baja se hicieron eco de las implicancias fiscales de las propuestas en debate. “Proponen una sesión con proyectos de ley que, de aprobarse, tendrían un costo fiscal de más de 12.000 millones de dólares (1.8% PBI). Se esconden una vez más detrás de causas nobles con el solo fin de intentar romper el equilibrio fiscal que tanto nos costó conseguir”, escribió Martín Menem en su cuenta de X.

La Casa Rosada respalda este posicionamiento, aunque ha dejado en manos de Menem las gestiones para evitar el quórum. Desde el entorno más cercano al Presidente afirman que no dudarán en recurrir al veto si las leyes avanzan. “Los números para ambos vetos están, y a Javier no le tiembla el pulso”, sostienen. Ya lo hizo con el aumento de jubilaciones y la suba presupuestaria universitaria en 2023, y creen que el costo político fue transitorio.

Hace dos semanas, un intento similar de sesión fracasó tras gestiones del oficialismo con los gobernadores. Esta vez, sin temas controversiales como la creación de la Comisión $LIBRA en la agenda, la estrategia de disuasión podría ser menos efectiva. “Los gobernadores tampoco van a bajar a sus legisladores todas las veces que quiera la Casa Rosada”, señaló una fuente parlamentaria.

Entre los temas en discusión, el proyecto que propone una suba del 7,2% en jubilaciones y pensiones, además de elevar el bono extraordinario de $70.000 a $105.000 o $115.000, es el que más inquieta al Ministerio de Economía, que estima su impacto en 1,3% del PBI.

En paralelo, la diputada Gisela Marziotta, de Unión por la Patria y presidenta de la Comisión de Personas Mayores, criticó duramente al ministro Caputo: “Los residentes también podrían salvarle la vida a sus hijos, ministro. Mientras tanto, usted está en televisión hablando del precio de las empanadas y estigmatizando a quienes sostienen con su trabajo el sistema de salud pública.”

El conflicto en el Hospital Garrahan también promete escalar. A pesar del anuncio oficial de una suba en los bonos para residentes —lo que llevaría sus ingresos a $1.300.000—, los profesionales no aceptaron la propuesta y denuncian que no recibieron comunicación formal desde el Ministerio de Salud, organismo que los emplea.

“La medida será comunicada a través del sistema de comunicación interna el día lunes porque los domingos ‘no están disponibles’”, aclaró el ministro Mario Lugones. Los residentes, por su parte, exigieron precisiones sobre la propuesta. El comunicado oficial habla de un aumento del 30% en el bono, llevándolo a $500.000, pero no modifica el salario básico, que sigue en $797.000. Por eso, advierten: “la medida de fuerza no tuvo ningún cambio”. Este lunes por la noche realizarán una “marcha de las velas” hasta el Obelisco.

El Gobierno intenta aislar el reclamo de los residentes del resto del personal del hospital, buscando desarticular la asamblea general prevista para el martes. Sin embargo, desde ATE advirtieron que el conflicto podría agravarse si no se incluye a todos los trabajadores. “La exclusión a más del 90% de las personas que trabajan en el hospital, lejos de cerrar el conflicto lo agrava”, señalaron en un comunicado. La Junta Interna convocó a la asamblea afirmando: “Tenemos que estar todos juntos: planta y residentes, sin distinción de tarea, oficio o profesión”.

Desde el Ministerio de Salud insisten en que el conflicto se activó por la implementación del control biométrico de asistencia, medida que generó resistencia en parte del personal. “El Garrahan no será más un refugio de ñoquis, y quien no se presente a trabajar será despedido”, sentenció la conducción del hospital en un comunicado revisado por funcionarios del Ejecutivo.

La mirada libertaria también circuló en redes sociales, donde se compartió el mensaje: “¿Por qué estalló el conflicto en el Garrahan? Respuesta: el lunes comienza el control biométrico y los ñoquis quedarán expuestos”.

De acuerdo con el Anuario 2024 del Hospital Garrahan, hay 4728 trabajadores de planta. De ellos, el 68% cumple funciones asistenciales directas, el 20% integra el sector de logística y el 12% restante se desempeña en roles de conducción administrativa y médica.

Entre el frente parlamentario y la tensión en el sector salud, el Gobierno se enfrenta a una semana de alta conflictividad con consecuencias tanto políticas como sociales.