En medio de un estricto hermetismo judicial, comenzaron a desarrollarse las primeras actuaciones vinculadas a la causa que investiga presuntas irregularidades en la Cooperativa Eléctrica de Río Grande. La investigación, que ya se tramita en el ámbito de la Justicia Provincial, apunta a determinar la posible comisión de múltiples delitos por parte de integrantes del actual directorio de la entidad.

Durante la mañana del jueves 26 de junio, se concretaron acciones judiciales dentro de las instalaciones de la Cooperativa. Aunque rige el secreto de sumario, trascendió que se habría ejecutado una orden de presentación de documentación clave para el desarrollo de la pesquisa.

Un dato que no pasó desapercibido fue la presencia del abogado Francisco Ibarra, quien permaneció alrededor de media hora en el lugar. Según fuentes extraoficiales, Ibarra representaría legalmente a Santiago Barrientos, uno de los directivos señalados en la denuncia.

El caso tomó relevancia la semana pasada cuando se presentó formalmente una denuncia que incluye figuras penales de considerable gravedad: defraudación, administración fraudulenta, malversación de fondos públicos, negociaciones incompatibles con la función pública, incumplimiento de deberes y, potencialmente, asociación ilícita.

Los nombres que inicialmente aparecen como principales involucrados son Santiago Ignacio Barrientos Clausen, Ramiro Segundo Santana Barrientos y Ezequiel Krok. Sin embargo, no se descarta que, con el avance de las actuaciones, surjan nuevas imputaciones o ampliaciones en la causa.

Hasta el momento, las autoridades judiciales mantienen en reserva tanto el alcance de las medidas adoptadas como los elementos probatorios recolectados. La expectativa ahora se centra en los próximos pasos del expediente, que podría tener un fuerte impacto institucional y político en la ciudad.