Las firmas Ludadel SRL y Fag Sistems SA, fabricantes de electrodomésticos con planta en la provincia de Buenos Aires, denunciaron haber sido víctimas de “arbitrariedades” por parte de funcionarios de la Administración de Recursos y Control Aduanero (ARCA), quienes las acusaron de maniobras para eludir impuestos millonarios.

La investigación se originó a raíz de una denuncia presentada por el jefe de la Aduana de La Plata, Eduardo Gómez, quien sostuvo que ambas compañías operaban como si fueran una sola, declarando por separado las piezas de un televisor LED con el fin de evitar cargas impositivas. Las empresas rechazaron esa acusación y aseguraron que se trató de una “denuncia sin sostén” que derivó en mayores costos logísticos y de almacenamiento.

El juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, archivó la causa en julio, amparado en un fallo de la Corte Suprema, al concluir que el procedimiento observado por Gómez “no era siquiera una infracción aduanera”. Sin embargo, antes de esa resolución, la mercadería de las firmas —38 contenedores— había sido retenida y alcanzada por una medida cautelar que luego fue extendida tras una ampliación de la denuncia por parte de la Dirección General de Aduanas.

En su presentación judicial, el gerente de Ludadel, José Ignacio Butera, afirmó: “El objetivo era denunciar y trabar la importación y se logró merced de efectuar afirmaciones mendaces e infundadas”. Añadió que se trató de “una arbitrariedad más que realmente solo puede responder a la voluntad preordenada de perjudicar a la firma Ludadel y a Fag Sistems” y sugirió que los motivos podrían estar vinculados a “favorecer algún competidor que busca perjudicar los negocios” de ambas compañías en el mercado de televisores.

Por su parte, el abogado de Fag Sistems, Mariano Ezeyza, acusó a Gómez y al ingeniero César Hernán Medrano de haber omitido información relevante en sus evaluaciones. “Más grave aún es que frente a una requisitoria jurisdiccional manipule el informe al efecto de mostrar parcialmente la realidad para intentar vigorizar una acusación que desde el inicio se muestra caprichosa y arbitraria”, expresó.

Tras las contradenuncias, Gómez fue removido de su cargo de jefe de la Aduana de La Plata y pasó a desempeñarse como consejero. Desde ARCA señalaron que su desplazamiento respondió a un reacomodamiento interno y defendieron su actuación: “Inferir que es consecuencia de una denuncia es perder de vista que los funcionarios aduaneros de todo el país realizan denuncias de forma constante y habitual”.

El conflicto se da en un contexto político y económico particular. ARCA es dirigida por Juan Pazo, hombre de confianza del ministro de Economía, Luis Caputo. Este último anunció en mayo una reducción progresiva de los aranceles de importación, medida que impacta directamente en la competitividad de las empresas radicadas en Tierra del Fuego. “Es el único gobierno que terminó con un régimen con el que todo el mundo estaba en contra, fue decisión mía. Y, como ustedes saben, una de las dos empresas es de un primo mío, así que cuando vean a algún funcionario terminar con algo que no le beneficia a su familia, avísenme que me hago un cóctel de sapos y me lo como”, declaró entonces Caputo.

El régimen promocional fueguino, que otorga amplias exenciones impositivas, ha sido cuestionado por el presidente Javier Milei y representa, según estimaciones privadas, un gasto fiscal de entre mil millones de dólares anuales, equivalente al 0,22%–0,33% del PBI.