El Gobierno nacional puso en marcha un renovado protocolo para detectar posibles casos de trata de personas en los pasos fronterizos del país. La medida, publicada en el Boletín Oficial, se aplicará en 237 puestos habilitados y busca optimizar las tareas de prevención, investigación y asistencia a víctimas.

El plan actualiza el esquema vigente desde 2012, adaptándolo a las transformaciones que ha sufrido este delito en los últimos años. La propuesta incorpora medidas más estrictas de control documental, detección de adulteraciones, observación de comportamientos sospechosos y especial atención a la presencia de menores de edad.

Entre sus lineamientos, el documento ofrece pautas claras para que el personal actúe de manera segura ante posibles tratantes, resguarde a las víctimas y evite cualquier contacto con presuntos captores. También establece procedimientos específicos para casos que involucren a niñas, niños y adolescentes.

El protocolo fue elaborado con la participación de organismos nacionales, fuerzas federales y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), en el marco del programa EUROFRONT. Incluye indicadores, preguntas orientadoras y un anexo reservado con herramientas operativas para garantizar la eficacia y la seguridad en las intervenciones.

La supervisión de su cumplimiento quedará a cargo de la Dirección Nacional de Investigaciones de Delitos de Trata y contra la Integridad Sexual junto con la Dirección Nacional de Migraciones. Según el texto oficial, la lucha contra la trata es una política de Estado respaldada por tratados internacionales y la legislación argentina vigente.