La polémica en torno a la empresa Criptopatagonia, dedicada a la minería de criptomonedas en Río Grande, continúa generando debate. La firma fue denunciada por los vecinos del barrio donde instaló sus operaciones debido a los fuertes ruidos que generaban sus generadores eléctricos.

En diálogo con Radio Provincia, la abogada Adriana Varisco, representante de los vecinos, explicó que lo que se clausuró fue el funcionamiento de los generadores externos, mientras que la empresa sigue legalmente habilitada. “Los representantes de Criptopatagonia se reunieron con los vecinos, pidieron disculpas y reconocieron el perjuicio que estaban ocasionando. Se comprometieron a trabajar en el aislamiento de los generadores para cumplir con la ordenanza municipal”, relató.

Actualmente, los equipos permanecen fuera de servicio mientras la empresa avanza en adecuaciones técnicas que permitan mitigar el impacto sonoro. En paralelo, el abogado de la empresa, el Dr. Jiménez, presentó un planteo judicial que fue resuelto recientemente por el juez Fernández. Este último dio lugar al reclamo, al señalar que el acta administrativa de clausura municipal tenía irregularidades y debía fundamentarse de manera más clara.

“Más allá de las cuestiones legales, lo importante es que los generadores no están funcionando y que la empresa tiene la obligación de dar una solución definitiva a los vecinos”, subrayó Varisco.

La abogada también destacó que el debate en torno a la minería de criptomonedas en la ciudad recién comienza y que será clave establecer reglas claras para evitar futuros conflictos: “Es una actividad nueva que debe enmarcarse en la normativa local y garantizar la convivencia con los vecinos. Sin controles estrictos, este tipo de emprendimientos pueden generar serios perjuicios sociales y ambientales”.

Por ahora, Criptopatagonia sigue buscando una salida que le permita reanudar sus operaciones sin volver a enfrentarse a la comunidad.