La jueza federal María Servini ordenó que la Policía Federal implemente, en un plazo máximo de 24 horas, un esquema de custodia para la senadora fueguina Cristina López, quien denunció haber sido víctima de lesiones y abuso sexual simple por parte de agentes de Seguridad del Senado, área que depende de la vicepresidenta Victoria Villarruel. La magistrada también confirmó su aceptación como querellante y dispuso que la investigación avance bajo la perspectiva de violencia de género.

La decisión se tomó luego de que López ampliara la denuncia presentada el 1° de diciembre, incorporando elementos que, según sostuvo, obligan a examinar el caso en un marco de violencia contra las mujeres, tanto por la naturaleza de los hechos como por los compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino.

En su declaración, la legisladora relató que durante un forcejeo en la entrada de su despacho sufrió “manoseos en los glúteos, la zona pélvica delantera y entre las piernas”, y que sintió “la pierna de uno de los masculinos introducida entre las suyas”, situación que la llevó a afirmar que se sintió “ultrajada”. Ante este cuadro, su defensa había solicitado medidas de protección personal, ahora autorizadas por la jueza.

López manifestó además su preocupación por volver al Congreso, debido a que —por la disposición interna del edificio— existe la posibilidad de cruzarse con quienes acusó como agresores. Señaló que ello implicaría una “revictimización” y advirtió que, dado que el hecho “ha tomado estado público”, teme posibles represalias.

A la denuncia inicial sumó un episodio adicional: mientras realizaba la presentación policial, personal de Seguridad habría ingresado a la Oficina N.º 742 y retirado objetos que, de acuerdo con su relato, le pertenecen. Luego habrían sido dejados en bolsas de residuos en un pasillo del segundo piso del Palacio Legislativo. Para la senadora, este proceder vulnera el artículo 68 de la Constitución Nacional y podría constituir una sustracción de elementos personales o de trabajo.

Como respaldo, aportó fotografías del material presuntamente removido sin inventario previo y pidió que se identifique a todos los posibles responsables, ya sean autores directos, mediatos o intelectuales.

Finalmente, López solicitó ser citada nuevamente para ampliar su testimonio y presentar filmaciones certificadas ante la Justicia. Reiteró su voluntad de comparecer y remarcó que es necesaria una investigación “exhaustiva” que garantice sus derechos como víctima de violencia de género.