El Ejecutivo nacional volvió a colocar en agenda la posibilidad de modificar la Ley de Glaciares, al incluir en las sesiones extraordinarias un proyecto para redefinir el “ambiente periglacial” y revisar el alcance de la protección vigente. La iniciativa busca actualizar el régimen actual y transferir a las provincias la potestad de determinar qué zonas deben considerarse estratégicas para la preservación del agua.

Los impulsores de la reforma sostienen que la ley, tal como está redactada, abarca territorios donde no se registran glaciares ni reservas significativas de agua. Esta amplitud, afirman, habilita frenos judiciales a proyectos mineros e hidrocarburíferos sin que exista riesgo real para el ecosistema glaciar. En ese marco, proponen que cada provincia establezca sus propias áreas protegidas según estudios técnicos locales, lo que permitiría avanzar con inversiones consideradas clave, especialmente en zonas cordilleranas con potencial en cobre, litio y otros minerales.

La normativa actual prohíbe la actividad extractiva y la instalación de infraestructura en glaciares y áreas periglaciares, entendidas estas como zonas de montaña donde existen suelos congelados que funcionan como reservas hídricas. Para los sectores productivos, esta definición resulta demasiado amplia. Sin embargo, especialistas en ambiente advierten que reducir ese alcance podría afectar ecosistemas que regulan caudales, recargan cuencas y sostienen actividades humanas dependientes del agua dulce.

El apoyo al proyecto proviene principalmente de provincias mineras y de integrantes de la llamada Mesa del Cobre —como San Juan, Catamarca, Mendoza y Jujuy— que ven en este cambio una oportunidad para atraer inversiones y promover empleo. Desde sus administraciones, la iniciativa se interpreta como un gesto de federalismo ambiental y una herramienta para superar los límites que, aseguran, impuso la ley vigente.

El escenario es diferente en Santa Cruz, donde rige además una legislación provincial que protege glaciares y ambientes periglaciares. Legisladores santacruceños advirtieron que la reforma nacional podría derivar en una redefinición de mapas y permisos con potencial impacto en cuencas y reservas de agua. La preocupación no es menor: más del 40% de la superficie glaciar del país se concentra en esa provincia, que alberga desde hielos continentales hasta glaciares de escombros y zonas de recarga hídrica fundamentales para ríos, lagos y comunidades locales.

El debate promete intensificarse en las próximas semanas, con posiciones divididas entre quienes buscan potenciar la minería y quienes temen que una menor protección comprometa recursos hídricos esenciales para el futuro.