El proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno puso nuevamente en el centro de la escena a los beneficios sociales no remunerativos, en especial a los vinculados a servicios de comedor y alimentación. La iniciativa habilita a los empleadores a ofrecer comidas dentro de la empresa o en locales gastronómicos cercanos mediante convenios, una figura que remite inevitablemente a los antiguos tickets de almuerzo que generaron fuertes controversias en la Argentina.
Qué propone el nuevo esquema
En su artículo 31, el proyecto señala que los empleadores podrán brindar prestaciones alimentarias durante la jornada laboral, tanto dentro del establecimiento como en restaurantes contratados. Estas prestaciones se definen como no dinerarias, no acumulables y no canjeables por dinero, lo que busca evitar que funcionen como un salario encubierto.El texto incorpora también una modificación al artículo 103 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, clasificando este tipo de asistencia como beneficio social y dejándola fuera de la base salarial. De esta forma, no generaría aportes ni contribuciones, al igual que reintegros médicos, ropa de trabajo, útiles escolares, guarderías o capacitaciones.
¿Regresan los tickets restaurante?
En la letra, el espíritu del proyecto no es reinstalar los antiguos vales; sin embargo, el debate ganó intensidad. Especialistas recuerdan que el esquema de tickets se masificó en los años de la hiperinflación como una vía para reducir costos laborales y evitar cargas previsionales. Con el tiempo, el sistema derivó en abusos que motivaron múltiples reclamos sindicales y un pronunciamiento de la Corte Suprema.El máximo tribunal consideró que los vales de comida eran una forma de remuneración y, por ende, debían integrar el salario. Esa interpretación sentó un precedente clave: todo pago que guarde relación directa con el trabajo debe estar sujeto a aportes y contribuciones.
Las críticas se profundizaron hasta que, en 2007, la Ley 26.341 —impulsada por Héctor Recalde— eliminó el régimen de tickets restaurante y canasta, tras un escándalo por intentos de soborno para mantener el sistema vigente.
Un repaso de la historia: de beneficio alimentario a salario encubierto
Durante casi dos décadas, los vales fueron utilizados por empresas como un mecanismo para segmentar remuneraciones, reducir cargas fiscales y disminuir aportes a la seguridad social. Los sindicatos denunciarion que esa práctica precarizaba a los trabajadores y debilitaba el financiamiento del sistema previsional.Tras su derogación, el uso de vales se extinguió: los pagos debían integrarse a la remuneración formal, sin excepciones.
Qué cambia ahora y qué límites se proponen
El nuevo proyecto reconoce los servicios de comedor como beneficios sociales, pero establece que la autoridad de aplicación deberá fijar montos, límites y condiciones precisas para evitar desviaciones. También exige trazabilidad y prohíbe cualquier forma de conversión a dinero, un aspecto central para diferenciar el sistema de los viejos vales.En otros países, estos esquemas funcionan mediante tarjetas electrónicas y reglas estrictas de uso. Empresas como Edenred —que promueve su adopción en la Argentina— destacan su presencia internacional y afirman que el beneficio mejora la calidad de vida laboral sin convertirse en salario.
El debate político y jurídico que viene
El punto conflictivo es el encuadre no remunerativo. Si bien la ley busca asegurar que el beneficio sea estrictamente alimentario, persiste el antecedente judicial que los considera parte del salario. Esa tensión entre el objetivo del Gobierno y la doctrina de la Corte Suprema será uno de los principales focos del debate en el Congreso.Además, el impacto fiscal y sindical del esquema alimenta la discusión: excluir estos beneficios de aportes podría afectar nuevamente la financiación de la seguridad social y de las obras sociales, un tema sensible en el mundo laboral argentino.
En síntesis, la reforma propone un modelo más controlado y acotado, pero que inevitablemente revive el recuerdo de un sistema que fue derogado tras años de polémicas y decisiones judiciales. El Congreso deberá definir hasta dónde se puede llegar sin volver a repetir los errores del pasado.
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