La tensión dentro del entramado industrial fueguino volvió a escalar luego de que ASIMRA reclamara formalmente la suspensión de los decretos que habilitan la apertura arancelaria y modifican los procesos productivos en el Área Aduanera Especial. El pedido llega en un contexto político espeso: dos de los principales funcionarios nacionales vinculados al sector, Diego Cardini y Ornella Calvette, están bajo investigación judicial por presuntos hechos de corrupción. Calvette, incluso, fue citada a declaración indagatoria en el marco del denominado caso ANDIS.

Javier Escobar, secretario general de ASIMRA, explicó que la presentación ante la Comisión del Área Aduanera Especial y ante el Ministerio de Industria provincial no es sólo un pedido, sino “una exigencia frente al silencio político”. Según el gremio, la renuncia de los funcionarios nacionales y las sospechas que pesan sobre ellos vuelven imprescindible suspender preventivamente cualquier medida que impacte en la actividad industrial: “No puede quedar librado a funcionarios sospechados de corrupción decidir qué se produce, cómo se produce y cuántos puestos de trabajo se sostienen”, remarcó Escobar.

El gremialista cuestionó duramente la reacción de la Provincia, que les indicó que la nota debía presentarse por mesa de entradas en Río Grande. Para ASIMRA, esa respuesta es “una ironía burocrática” frente a un escenario crítico que requiere definiciones urgentes. “Hay un silencio colectivo en el arco político. En campaña hablan de la industria como bandera, pero cuando llega el momento decisivo no aparece nadie”, sostuvo.

Escobar apuntó también contra la representación nacional en la comisión del área, a la que acusó de minimizar las sospechas judiciales y de desligar los hechos de corrupción de las decisiones tomadas sobre el sector. Para el sindicato, el cambio de procesos productivos aprobado tras las elecciones, que habilita mayor importación y reduce tareas locales, es una señal de alarma que exige ser revisada.

En ASIMRA consideran que la implementación de los nuevos esquemas a partir del 15 de enero y la apertura arancelaria prevista para marzo tendrán un impacto directo: pérdida de puestos de trabajo en la industria electrónica. Escobar cuestionó además los mensajes oficiales que prometen una baja del 40% en el precio de los celulares: “Son campañas de marketing. No bajaron los precios antes y no van a bajar ahora. Esto sólo destruye la industria de Tierra del Fuego”.

El gremio insistirá en todos los ámbitos institucionales para lograr la suspensión preventiva de los decretos. A su vez, confirmó que adherirá a la movilización que convocará la CGT por la reforma laboral, aunque aclaró que su prioridad inmediata es la situación industrial de la provincia.

La entrevista también dejó una crítica severa al rol de la dirigencia política fueguina. Escobar habló de “mezquindad individual”, de complicidad por omisión y de una falta total de reacción: “La legislatura sesionó tres veces en el año y nunca puso a la industria en el orden del día. La provincia no tiene margen para perder un solo puesto de trabajo más”.

Río Grande, cuyo entramado productivo depende de manera directa de la electrónica, es la ciudad más expuesta al escenario que se abre a partir de enero. El gremio advierte que la capacidad de absorción laboral ya está agotada y que el impacto social sería inmediato.

El pedido de ASIMRA, más que un reclamo sectorial, funciona como una señal de alarma general: el tiempo político se consume mientras el calendario de cambios productivos avanza sin pausa.