Del total de fallos emitidos, solo una parte llegó a la instancia de juicio oral. En concreto, se desarrollaron 24 debates públicos, mientras que una porción significativa de los expedientes se resolvió mediante omisión de debate, acuerdos, unificación de penas o cierres anticipados. También se registraron dos sobreseimientos por prescripción de la acción penal y cuatro por el fallecimiento de los imputados.

El resultado general del año dejó 43 condenas y 6 absoluciones. Entre las penas más severas figuran la sentencia a Héctor López, condenado a 15 años de prisión por abuso sexual de una menor en Tolhuin; la de Manuel Emiliano Martínez, con 14 años de cárcel por homicidio; y las condenas a Dylan Catriel Blanco y Mía Villanueva, ambos sentenciados a 12 años de prisión por tentativa de homicidio en el barrio CAP.

En el apartado de absoluciones, sobresalieron causas de alto perfil público. Entre ellas, el juicio por presunta mala praxis que involucró a la médica Valeria Pastori y al obstetra Rodolfo Pérez, así como la absolución de Mario Álvarez junto a sus hijos Sergio Gómez y Catalina Álvarez, en el expediente por el crimen de Luis Miguel López Villarroel ocurrido en la Margen Sur.

Si bien las estadísticas muestran que el tribunal mantuvo un ritmo constante de resoluciones, la percepción social continúa siendo ambivalente. Para buena parte de la comunidad, los procesos judiciales avanzan, pero no siempre a la velocidad esperada, especialmente cuando los casos no llegan a un juicio oral y se definen por vías alternativas.

Las condenas firmes en delitos graves generan una sensación de respuesta institucional frente a hechos que conmocionaron a la sociedad. Sin embargo, los sobreseimientos por prescripción o fallecimiento de imputados suelen despertar frustración, sobre todo entre las víctimas y sus familias, que viven cada demora como una nueva forma de revictimización.

Así, el balance de 2025 deja en evidencia un sistema judicial activo, con fallos relevantes y un número significativo de condenas, pero también con desafíos pendientes en términos de tiempos procesales, transparencia y confianza pública en la administración de justicia.