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La detención de un abusador en Chile vuelve a exponer la causa de José Nemesio Gallardo, prófugo desde 2021

Un reciente procedimiento policial realizado en Punta Arenas, Chile, volvió a poner en agenda un expediente judicial que permanece sin resolución desde hace más de cuatro años en Río Grande. Se trata de la causa que tiene como imputado a José Nemesio Gallardo, quien continúa prófugo de la Justicia argentina desde 2021.

El hecho que reavivó el reclamo fue la detención de un hombre de 54 años, oriundo de Río Gallegos, sobre quien pesaba un pedido de captura internacional por un delito de abuso sexual. La aprehensión se concretó gracias a una alerta roja de Interpol y a la articulación entre fuerzas de seguridad de ambos países.

Este operativo volvió a generar comparaciones inevitables con la situación de Gallardo, de 65 años, procesado por abuso sexual gravemente ultrajante contra una menor en una causa tramitada ante el Juzgado de Instrucción N°1 de Río Grande, correspondiente al expediente 36040/19. El hecho investigado habría ocurrido en el año 2008.

Si bien Gallardo fue procesado en mayo de 2021, la Justicia resolvió que transitara el proceso en libertad al no advertir riesgos procesales. Sin embargo, semanas después, cuando debía ser notificado de nuevas actuaciones judiciales, no volvió a ser localizado. Desde entonces, se presume que habría cruzado la frontera hacia Chile.

Pese a la emisión de una alerta roja de Interpol y al envío de exhortos judiciales internacionales, su paradero continúa siendo un misterio. A más de cuatro años y medio de su desaparición, no existen novedades oficiales sobre avances concretos en su localización.

En este contexto, la familia de la víctima insiste en su pedido de justicia y reclama una mayor efectividad en los mecanismos de cooperación internacional, advirtiendo que la falta de resultados profundiza la sensación de impunidad en causas de extrema gravedad.

El contraste entre la reciente detención en Punta Arenas y la prolongada fuga de Gallardo vuelve a poner bajo la lupa las falencias del sistema y reabre el debate sobre los controles y respuestas judiciales ante delitos de abuso sexual.

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