La discusión por un reciente pedido de condena volvió a poner el foco en cómo se investigan y sancionan los delitos digitales contra menores. En ese marco, el abogado Aníbal Lazzaroni sostuvo que, antes de opinar sobre montos de pena, hay que mirar qué evidencia concreta tiene la fiscalía para sostener la acusación.

El especialista advirtió que las denuncias siguen creciendo y aparecen modalidades cada vez más complejas, incluso sin contacto directo. Según señaló, hoy es posible generar contenido sexual usando inteligencia artificial con solo contar con la imagen del rostro de un niño, un escenario que —remarcó— deja a las víctimas expuestas y a la justicia con herramientas insuficientes.

En declaraciones a Radio Provincia, Lazzaroni explicó que el grooming, por sí solo, contempla una pena de seis meses a tres años. Por eso, interpretó que cuando se solicitan condenas más altas puede existir una finalidad procesal: evitar que el acusado pueda acceder a la excarcelación, dependiendo de cómo quede encuadrado el caso.

Sin embargo, aclaró que no todo se reduce al “contacto” por medios electrónicos: la pena puede cambiar si la investigación acredita un avance hacia conductas más graves vinculadas a corrupción de menores. Allí, subrayó, es donde se define si corresponde mantener el rango penal del grooming o si existen elementos para elevarlo.

También marcó una diferencia clave: grooming y tenencia de material de abuso sexual infantil no son lo mismo. Explicó que la posesión de ese material está contemplada como un delito independiente en el Código Penal y que, si se comprueba en una causa, puede acumularse con otras figuras, incrementando la pena total. Además, recordó que desde 2018 se castiga no solo la distribución, sino también el consumo y cualquier posesión detectada en dispositivos.

Sobre el panorama local, aportó cifras que consideró alarmantes: afirmó que en Tierra del Fuego se observa una situación extendida de acoso y mencionó que en Río Grande se habrían detectado varios episodios vinculados a videos creados con inteligencia artificial entre menores. A la vez, señaló que el aumento de presentaciones en la justicia también se explica por una mayor conciencia social: más personas denuncian, y eso visibiliza el problema.

Para Lazzaroni, el crecimiento del delito y la velocidad del cambio tecnológico exponen vacíos normativos. Planteó que Argentina necesita actualizar su legislación y sumar herramientas específicas para investigar este tipo de hechos, incluyendo figuras como el “agente encubierto digital” para rastrear conductas delictivas en entornos online.

Finalmente, amplió el enfoque más allá de lo penal y alertó por el impacto del uso excesivo de pantallas en niños y adolescentes. Aseguró que observa daños cognitivos, emocionales y físicos, e incluso diagnósticos equivocados asociados a un consumo desmedido de tecnología. En ese sentido, insistió en que minimizar lo que ocurre en redes es un error: para muchos chicos, las plataformas son su principal espacio de vínculo social, y la falta de prevención y regulación —advirtió— termina erosionando la convivencia y la idea misma de justicia.