La Asociación Trabajadores del Estado realizó una protesta en las sedes legislativas de la provincia para denunciar la crítica situación que atraviesa la Obra Social del Estado Fueguino y exigir una respuesta urgente ante el deterioro de las prestaciones. El reclamo apuntó principalmente a que se activen mecanismos para que los organismos e instituciones que mantienen deudas con la obra social regularicen sus pagos sin más demoras.

La jornada fue impulsada de manera conjunta entre la conducción provincial del gremio y las seccionales de distintos puntos de Tierra del Fuego, con manifestaciones tanto en el norte como en el sur de la provincia. Desde ATE advirtieron que el problema financiero de OSEF ya no puede seguir postergándose, ya que la falta de fondos repercute de manera directa en la atención que reciben miles de afiliados.

El secretario general de ATE Río Grande, Felipe Concha, remarcó que los legisladores deben asumir un rol activo para destrabar esta situación y reclamar que ingresen los recursos adeudados. Sostuvo que esos fondos pertenecen a los trabajadores y que su ausencia termina perjudicando a toda la familia estatal, que depende de la obra social para acceder a consultas, medicamentos y tratamientos.

Desde el gremio señalaron que la deuda acumulada no solo afecta el funcionamiento administrativo del organismo, sino que también golpea de lleno la cobertura médica. En ese marco, remarcaron que el dinero pendiente debería destinarse al pago de prestadores, a sostener servicios y a incorporar profesionales para evitar un mayor deterioro en la atención.

Concha también aclaró que ATE no cuenta actualmente con representantes propios dentro del directorio de la obra social. Explicó que, aunque el sindicato presentó postulantes en otras oportunidades, las vocalías por activos y pasivos quedaron en manos de otros sectores elegidos por los afiliados. Aun así, afirmó que esa situación no impedirá que el gremio continúe reclamando en defensa de los trabajadores.

Durante la movilización, el dirigente describió un panorama preocupante, marcado por la falta de medicamentos, inconvenientes en las prestaciones, dificultades con derivaciones fuera de la provincia y un creciente malestar entre los afiliados. Según expresó, la crisis lleva tiempo, pero hoy se encuentra en una etapa todavía más grave, con consecuencias que impactan de lleno en la salud de los empleados estatales y sus familias.