El juicio por el hundimiento del submarino ARA San Juan sumó un nuevo capítulo de tensión judicial luego de que el Ministerio Público Fiscal presentara un recurso de queja ante la Cámara Federal de Casación Penal para cuestionar una decisión del Tribunal Oral Federal de Santa Cruz que restringe la participación de los fiscales en el proceso.
La medida se produce tras las primeras jornadas del debate oral que se desarrolla en Río Gallegos, donde se busca determinar responsabilidades penales por el hundimiento y la posterior implosión del submarino ocurrido en noviembre de 2017, tragedia que provocó la muerte de 44 tripulantes.
El planteo fue presentado por los fiscales Julio Zárate, Lucas Colla, Gastón Franco Pruzan y María Andrea Garmendia Orueta, quienes integran el equipo designado para intervenir en el juicio. La presentación se realizó luego de que el tribunal rechazara una impugnación previa contra una resolución que limita la participación de algunos integrantes del equipo fiscal.
La decisión del tribunal
La controversia surge a partir de una resolución dictada el 23 de diciembre de 2025, en la que los jueces dispusieron que durante el juicio solo podrían intervenir activamente dos de los cuatro fiscales designados por el procurador general interino Eduardo Casal.Posteriormente, el 27 de febrero de 2026, el tribunal declaró inadmisible el recurso de casación presentado por el Ministerio Público Fiscal contra esa decisión.
Según lo establecido por el tribunal, los únicos fiscales habilitados para intervenir en el debate son Gastón Franco Pruzan, titular del Área de Transición de la Unidad Fiscal Río Gallegos, y Lucas Colla, responsable de la Sede Fiscal Descentralizada de Caleta Olivia.
En cambio, quedaron excluidos de la participación activa Julio Zárate, titular de la Unidad Fiscal Río Gallegos, y María Andrea Garmendia Orueta, integrante de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas.
El reclamo del Ministerio Público Fiscal
Ante esta situación, los fiscales recurrieron directamente a la Cámara de Casación con el objetivo de que se deje sin efecto la resolución del tribunal.En su presentación sostuvieron que la decisión representa una limitación indebida al funcionamiento del Ministerio Público Fiscal, al impedir que el equipo completo designado por el procurador pueda participar del proceso.
Según el escrito judicial, la medida implica “un avasallamiento hacia un órgano constitucional que posee autonomía funcional”, en referencia al artículo 120 de la Constitución Nacional, que establece la independencia del Ministerio Público.
Los fiscales también cuestionaron otra decisión del tribunal que establece que aquellos representantes del organismo que no participen de una audiencia no podrán intervenir en los alegatos finales del juicio.
Debate sobre la igualdad de armas
Uno de los fundamentos utilizados por el tribunal para limitar la participación del equipo fiscal fue el principio de igualdad de armas entre las partes del proceso.Sin embargo, el Ministerio Público Fiscal rechazó esa interpretación y sostuvo que dicho principio no implica una igualdad numérica entre fiscales y defensores, sino garantizar que ambas partes tengan las mismas oportunidades para ejercer sus funciones dentro del proceso judicial.
En su presentación, los fiscales también remarcaron que ninguno de los abogados defensores ni defensores públicos que intervienen en el juicio había cuestionado la conformación del equipo fiscal.
La postura de la fiscalía
En el recurso presentado ante Casación, el equipo fiscal sostuvo que el tribunal habría excedido sus facultades al interferir en la organización interna del Ministerio Público.Además, citaron jurisprudencia que indica que los reemplazos o rotaciones de fiscales o defensores no afectan la validez del debate oral, siempre que el proceso continúe desarrollándose con normalidad.
Los representantes del organismo también recordaron que el procurador general interino Eduardo Casal dispuso la conformación del equipo fiscal para asegurar una intervención acorde a la complejidad del caso.
El conflicto judicial se remonta a la audiencia preliminar realizada el 4 de diciembre de 2025, cuando el Ministerio Público Fiscal explicó la integración del equipo que participaría en el proceso, designado formalmente el 11 de noviembre de ese mismo año.
Ahora será la Cámara Federal de Casación Penal la que deberá resolver el planteo y determinar si corresponde revisar la decisión del tribunal que actualmente lleva adelante el juicio.
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