La discusión por las aplicaciones de transporte en Ushuaia sumó un nuevo capítulo y abrió un escenario de fuerte tensión entre el Municipio, los choferes particulares y el sistema tradicional de taxis y remises. Una resolución de la Justicia declaró inconstitucionales dos ordenanzas que hasta ahora servían de respaldo para impedir el funcionamiento de Uber en la capital fueguina y para sancionar a quienes ofrecieran ese servicio.

La decisión fue tomada por la jueza Felicitas Maiztegui Marcó, titular del Juzgado Correccional de Ushuaia, quien concluyó que las normas municipales cuestionadas avanzaban sobre derechos protegidos por la Constitución. En ese análisis, entendió que no se trataba de una simple regulación del transporte, sino de una prohibición que limitaba el derecho a trabajar, ejercer una actividad lícita y competir libremente.

El caso llegó a tribunales luego de que varios conductores fueran infraccionados por inspectores mientras trasladaban pasajeros mediante la aplicación. A partir de esas actuaciones, los trabajadores acudieron a la Justicia para cuestionar la validez de las ordenanzas locales y de las multas que les habían sido aplicadas por el Juzgado de Faltas.

Con este pronunciamiento, las sanciones económicas impuestas en los expedientes judicializados quedaron sin efecto. Para los choferes alcanzados por esas medidas, el fallo representa un alivio importante, ya que deja sin sustento legal los castigos que había dispuesto la administración municipal en esos casos concretos.

En su argumentación, la magistrada sostuvo que el Concejo Deliberante fue más allá de sus atribuciones al intentar bloquear una actividad por el uso de una plataforma digital como medio de contacto entre conductor y pasajero. Según el criterio judicial, el Estado debería buscar mecanismos para incorporar y ordenar estas nuevas modalidades, en vez de responder con una prohibición total.

La controversia tiene como base las ordenanzas 5283 y 6214. La primera establecía que en la ciudad solo podían operar vehículos habilitados por el esquema oficial, mientras que la segunda endurecía las penalidades para quienes prestaran servicios por fuera de ese marco. Entre las sanciones previstas figuraban multas de hasta 6000 unidades fijas y la suspensión de la licencia de conducir por seis meses.

La reacción política y sectorial no tardó en llegar. Tras conocerse el fallo, el intendente Walter Vuoto convocó a representantes de taxis y remises para analizar la situación. Desde ese sector ya adelantaron que acompañarán al Municipio en una apelación, al considerar que el funcionamiento de estas plataformas sin controles equivalentes genera una competencia desigual.

Pese al impacto de la sentencia, el conflicto todavía no está cerrado. Las ordenanzas siguen vigentes y ahora será una instancia superior la que deberá revisar la resolución. Mientras tanto, en Ushuaia continúa abierto el debate sobre si el futuro del transporte debe sostener un sistema exclusivo o avanzar hacia una convivencia regulada entre los servicios tradicionales y las nuevas aplicaciones.