Diversas entidades del sector privado de Ushuaia expresaron una posición común contra el proyecto que impulsa la ampliación de los límites de la ciudad, al considerar que la propuesta carece de respaldo técnico y podría generar consecuencias negativas en materia urbana, ambiental y productiva. El planteo surgió luego de un trabajo de análisis promovido por la fundación FINNOVA, que desde diciembre reunió a especialistas para estudiar el alcance de la iniciativa.

El punto en debate es el Asunto Nº 172/24, que se encuentra bajo tratamiento en la Legislatura provincial y que propone llevar la superficie de la capital fueguina de 10.800 hectáreas a más de 115.000. Para las cámaras y referentes que se pronunciaron sobre el tema, semejante expansión no está acompañada por un plan claro sobre el uso del suelo, las obras necesarias ni el impacto que tendría sobre zonas de alto valor natural y turístico.

Uno de los cuestionamientos centrales está puesto en la forma en que el proyecto define el territorio a incorporar. Según remarcaron, hablar de “ejido urbano” implica orientar el destino de esas tierras hacia la urbanización, cuando buena parte de esa superficie cumple funciones ambientales clave. Por eso sostienen que, si se pretende discutir una ampliación jurisdiccional, el término correcto debería ser “ejido municipal”, ya que permitiría una mirada más amplia y no forzaría de antemano un desarrollo inmobiliario.

Desde el sector privado también señalaron que la necesidad de ampliar los límites de Ushuaia no está demostrada. Aseguran que la ciudad todavía tiene margen para crecer dentro de su configuración actual y que existen herramientas de planificación que permiten proyectar una mayor capacidad habitacional sin avanzar sobre nuevas áreas. En ese sentido, recordaron que estudios vinculados al ordenamiento urbano y al desarrollo sostenible indican que la capital fueguina podría recibir una población mucho mayor mediante procesos de densificación.

Las entidades consideran, además, que el problema de acceso a la vivienda no se resuelve sumando más tierra al mapa municipal. A su entender, las principales trabas están vinculadas a la falta de financiamiento hipotecario, la existencia de numerosos terrenos sin desarrollar dentro del actual ejido y las falencias estructurales que la ciudad aún no logra resolver. Entre ellas mencionaron servicios incompletos, deterioro vial y la presión sobre un relleno sanitario que ya muestra signos de agotamiento.

La preocupación ambiental ocupa otro lugar destacado dentro del rechazo. Los empresarios advirtieron que en la zona que se busca incorporar existen turberas, humedales y bosques nativos que cumplen un papel esencial en el equilibrio ecológico y en la provisión de agua. También remarcaron que el trazado propuesto no respondería a una lógica asociada a las cuencas o a los sistemas naturales, sino a delimitaciones hechas sobre el plano sin suficiente consideración técnica.

A esto se suma la inquietud por la eventual derogación de la Ley Provincial 597, una herramienta que actualmente regula el uso del suelo en parte del territorio involucrado. Según entienden, eliminar ese marco podría abrir un escenario de incertidumbre jurídica y dejar decisiones sensibles sujetas a criterios discrecionales, con impacto directo sobre el paisaje y sobre actividades como el turismo, la hotelería y la gastronomía.

Frente a este panorama, el sector privado pidió que la Legislatura no avance con el proyecto en sus términos actuales y que, antes de adoptar una definición, se convoque a un debate amplio con participación de universidades, colegios profesionales y especialistas. La postura es clara: antes de extender el ejido, Ushuaia debería discutir cómo ordenar mejor su crecimiento dentro de los límites que ya tiene.