Tras la sanción de la Ley de Modernización Laboral, el conflicto entre el Gobierno nacional y distintos sindicatos empezó a mudarse a los Tribunales. En ese nuevo frente, la CGT ya recibió un primer revés judicial, aunque la ofensiva gremial sigue en marcha con otras presentaciones que apuntan a distintos artículos de la norma.

La central obrera cuestionó ante la Justicia los artículos 90 y 91 de la ley 27.802, vinculados al traspaso de la justicia laboral nacional a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires. El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°7 rechazó la medida cautelar que buscaba frenar de inmediato esos puntos, al entender que no se acreditó ni un perjuicio irreparable inminente ni el peligro en la demora. Aun así, el expediente sigue abierto y el Estado deberá responder dentro del plazo fijado por el juzgado.

Pero la discusión no quedó solo en manos de la CGT. También avanzaron con reclamos judiciales otros gremios y asociaciones que consideran que la reforma afecta derechos protegidos por la Constitución. Entre ellos aparecen la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas, sectores estatales de Neuquén, la Asociación Gremial de la Abogacía del Estado y el sindicato que representa a los visitadores médicos, que presentó un amparo para pedir la inconstitucionalidad de la ley.

Uno de los ejes del rechazo sindical es la supuesta afectación de derechos colectivos. Las organizaciones sostienen que la nueva legislación limita herramientas de protesta, condiciona la capacidad de organización gremial y modifica reglas laborales en un sentido que, según advierten, favorece la precarización en distintos sectores. En ese marco, también cuestionan que varios puntos de la reforma ya habían sido objetados cuando fueron incorporados por decreto y ahora regresan mediante una ley aprobada por el Congreso.

En el caso de los visitadores médicos, la crítica va más allá del derecho a huelga. El sector sostiene que la norma consolida prácticas que debilitan la relación laboral formal, al abrir margen para esquemas de contratación que, a su entender, desdibujan derechos reconocidos por la Ley de Contrato de Trabajo y profundizan condiciones de inestabilidad.

Mientras tanto, desde el oficialismo defienden la reforma como una herramienta de modernización del sistema laboral. La ley, publicada en el Boletín Oficial el 6 de marzo, incorpora cambios sobre jornada laboral, digitalización de registros, aportes, convenios y nuevas modalidades de organización del trabajo. Ese paquete, precisamente, es el que ahora quedó bajo la lupa de gremios y abogados constitucionalistas.

Así, la pelea por la reforma laboral entró en una nueva etapa. Con un fallo adverso para la CGT, pero con varias demandas todavía activas, el escenario aparece lejos de cerrarse. Todo indica que la disputa seguirá escalando en los tribunales y que la última palabra podría terminar en la Corte Suprema.