El Superior Tribunal de Justicia resolvió modificar el régimen de licencias del personal judicial y dispuso una mejora importante para quienes deben asistir a familiares con problemas de salud. A partir de la acordada 16/2026, el beneficio podrá extenderse hasta un máximo de 90 días con goce íntegro de haberes.

La medida introduce un cambio de fondo respecto del esquema anterior. Hasta ahora, el sistema contemplaba 30 días pagos y permitía sumar otros 60 días, pero sin remuneración. Con la nueva disposición, todo ese período adicional también será abonado, lo que representa una mejora concreta para los trabajadores que atraviesan situaciones de cuidado prolongado.

Según lo establecido por el máximo órgano judicial, la licencia podrá utilizarse tanto de forma continua como fraccionada dentro del mismo año calendario. En una primera instancia se reconocerán 30 días pagos, mientras que en casos excepcionales podrá otorgarse una ampliación de hasta 60 días más, también remunerados.

La resolución fue adoptada por las juezas María del Carmen Battaini y Edith Miriam Cristiano, junto a los jueces Carlos Gonzalo Sagastume, Javier Darío Muchnik y Ernesto Adrián Lóffler, quienes avanzaron en la modificación del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Poder Judicial.

Entre los argumentos centrales, el Tribunal remarcó que la reforma responde al principio “pro homine”, con eje en la protección integral de las personas y en la necesidad de brindar una respuesta efectiva ante contextos de vulnerabilidad. En ese marco, también se resolvió que la aplicación de la norma tenga carácter retroactivo, buscando garantizar igualdad de trato y mayor equidad.

La acordada además incorpora criterios vinculados a estándares internacionales de derechos humanos. En particular, toma como referencia la Opinión Consultiva 31/2025 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde se reconoce al cuidado como una dimensión clave para el ejercicio de derechos esenciales, entre ellos la salud, el trabajo, la seguridad social y la protección familiar.

De este modo, el Poder Judicial avanza en una mirada que reconoce las tareas de cuidado como un derecho que debe ser acompañado institucionalmente. La decisión apunta a reducir obstáculos para quienes deben compatibilizar su empleo con responsabilidades familiares, evitando desigualdades y favoreciendo condiciones laborales más justas.