La asistencia social en Tierra del Fuego atraviesa un escenario de fuerte presión por el aumento de las necesidades básicas y la aparición de nuevos pedidos vinculados a la crisis económica. Desde el área social del Gobierno provincial advirtieron que, además del esquema habitual de ayuda alimentaria, cada mes se suman cientos de solicitudes espontáneas de familias que hasta hace poco no requerían acompañamiento estatal.

La ministra Rossi señaló que en la provincia existe un padrón fijo de 7.000 módulos alimentarios que se distribuyen de manera regular entre personas registradas en el sistema. A esa cifra, explicó, se agregan mensualmente entre 500 y 700 módulos extra para atender demandas urgentes que surgen por fuera de la planificación habitual.

La funcionaria, que asumió recientemente en una de las carteras más sensibles del Ejecutivo fueguino, describió un contexto cada vez más exigente para el Estado. Indicó que el ministerio recibe pedidos de distintos sectores sociales en un marco de crisis, con recursos limitados y con un número creciente de vecinos que necesitan algún tipo de contención.

Uno de los focos de mayor preocupación está puesto en el norte de la provincia, donde la incertidumbre laboral y el impacto de la situación industrial comenzaron a reflejarse con más fuerza en los hogares. Según expuso, hay familias que atraviesan un deterioro repentino de su situación económica y que ahora requieren ayuda para afrontar gastos esenciales, como la alimentación o el alquiler.

Rossi remarcó que la respuesta estatal no se agota en la entrega de mercadería. Explicó que cada caso es evaluado de manera particular y que la intervención puede incluir asistencia habitacional o acompañamiento en problemáticas relacionadas con niñez, género e inclusión, según la realidad de cada grupo familiar.

También sostuvo que el ministerio cuenta con información sistematizada sobre los distintos programas y formas de asistencia, en base a registros que ya estaban organizados. No obstante, reconoció que todavía falta profundizar el cruce de datos con los municipios, una herramienta que consideró clave para mejorar el diagnóstico y definir políticas más precisas.

En paralelo, aseguró que muchas veces el Estado actúa aun cuando la situación excede sus competencias formales, debido a la urgencia de los casos que llegan a las oficinas públicas. En ese marco, remarcó que el objetivo no solo es dar una respuesta inmediata, sino también ofrecer herramientas que permitan a las familias reconstruir su autonomía a través de capacitaciones y acciones coordinadas con otras áreas gubernamentales.

La ministra advirtió finalmente que el desafío pasa por sostener la capacidad de respuesta frente a una demanda social que crece en volumen y complejidad. Por eso, subrayó la necesidad de administrar con cuidado los recursos disponibles y definir estrategias que permitan acompañar a los sectores más afectados.