El Gobierno nacional puso en marcha este martes una discusión pública sobre el futuro de las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), en el marco de una agenda de reforma electoral que también contempla modificaciones en el financiamiento de los partidos y en el calendario de votación de cara a 2027.

El planteo surgió durante un seminario centrado en la implementación de la Boleta Única de Papel (BUP), donde funcionarios del oficialismo dejaron en claro que se analiza tanto la posibilidad de introducir cambios en las primarias como incluso avanzar hacia su eliminación.

En ese contexto, el ministro del Interior sostuvo que el sistema actual requiere una revisión profunda y remarcó que una gran parte de los partidos políticos no utiliza esta herramienta. Según explicó, desde su implementación en 2009, las PASO solo fueron efectivamente empleadas en pocas ocasiones, lo que abre interrogantes sobre su utilidad. Además, adelantó que el tema será llevado al Congreso, donde se discutirán aspectos como su carácter obligatorio y los tiempos electorales.

Desde el ámbito judicial, también surgieron advertencias sobre la necesidad de preservar reglas claras. Se planteó que cualquier modificación debe evitar cambios de último momento que puedan afectar la previsibilidad del sistema electoral.

Por su parte, desde el área de Seguridad se indicó que la reforma aún no está completamente definida, aunque se deslizó la posibilidad de introducir cambios en la Boleta Única, como la incorporación de una opción para votar listas completas. A su vez, se cuestionó el funcionamiento actual de las PASO, al considerar que en la práctica generan un esquema de múltiples instancias electorales.

Otras voces del oficialismo señalaron que la eventual eliminación de las primarias está siendo analizada, aunque remarcaron que el proceso se encuentra abierto al diálogo con los distintos espacios políticos.

Sin embargo, desde la oposición surgieron críticas y pedidos de mayor claridad. Legisladores advirtieron que no están definidos los objetivos de una posible eliminación y reclamaron conocer el impacto que tendría en los partidos y en cada distrito. En ese sentido, también se propuso evaluar alternativas, como mantener las primarias pero sin carácter obligatorio.

Desde el radicalismo se expresó una postura más firme, al advertir que eliminar las PASO sin establecer un mecanismo alternativo podría significar un retroceso institucional. En esa línea, se planteó que una modificación de este tipo podría concentrar el poder de decisión en las cúpulas partidarias y limitar la participación de sectores minoritarios.

El debate también incluyó el esquema de financiamiento de los partidos políticos. Algunos sectores consideraron necesario mantener el apoyo estatal, pero con controles más estrictos para evitar irregularidades, mientras que otros propusieron reducir los aportes públicos para evitar distorsiones en el sistema.

En paralelo, se evaluó la implementación de la Boleta Única de Papel, destacando que su adopción apunta a garantizar una oferta electoral completa y transparente, más allá de su costo. Asimismo, se coincidió en que la reforma electoral debe avanzar hacia un sistema más representativo y confiable.

De esta manera, el Gobierno comenzó a delinear un proceso de discusión que promete generar fuertes debates en el ámbito político, con definiciones clave que impactarán en el esquema electoral de los próximos años.