Una fuerte reacción se desató a nivel nacional luego de la reforma de la Ley de Contrato de Trabajo impulsada por el gobierno de Javier Milei. Cerca de una treintena de colegios de abogados presentaron una acción judicial para intentar frenar aspectos centrales de la normativa, al considerar que afectan directamente el ejercicio profesional y el derecho de defensa.
Buscan suspender artículos por considerarlos inconstitucionales
La presentación fue realizada ante el fuero Contencioso Administrativo Federal y solicita una medida cautelar para dejar sin efecto, de manera inmediata, dos artículos incorporados en la reforma.Según plantearon, las modificaciones vulneran principios constitucionales, entre ellos el derecho de propiedad, la defensa en juicio y garantías fundamentales previstas en la Constitución Nacional.
El eje del reclamo apunta a que las nuevas disposiciones habilitan el pago en cuotas de los honorarios profesionales en juicios laborales, lo que —afirman— desnaturaliza su carácter alimentario y perjudica a los abogados.
Cuestionan el pago en cuotas y el régimen de costas
Uno de los puntos más críticos señalados en la demanda es la posibilidad de que los honorarios se abonen de forma diferida, lo que impactaría directamente en los ingresos de los profesionales.A esto se suma el rechazo al nuevo esquema de costas judiciales, que —según sostienen— introduce criterios que podrían generar sanciones económicas y riesgos patrimoniales para los abogados durante el desarrollo de los procesos.
En ese sentido, advierten que estas medidas podrían tener un efecto disuasivo, limitando el acceso a la justicia y afectando el normal ejercicio de la profesión.
Argumentan que invade competencias provinciales
Otro de los cuestionamientos centrales es que la reforma avanzaría sobre facultades propias de las provincias, especialmente en lo referido a la regulación de los procesos judiciales y la imposición de costas.Desde los colegios remarcaron que el sistema jurídico argentino ya contempla herramientas para sancionar conductas indebidas dentro de los litigios, por lo que consideran innecesarias y redundantes las nuevas disposiciones.
Una acción colectiva con alcance federal
La demanda cuenta con el respaldo de 29 colegios de abogados de distintas provincias, lo que le otorga un carácter casi colectivo por su nivel de representación.Entre ellos se encuentra el Colegio Público de Abogados de Ushuaia, junto a instituciones de Córdoba, Santa Fe, Chaco, Salta, Río Negro, Neuquén, Corrientes y otras jurisdicciones.
Buscan evitar demoras del Estado
Como parte de la estrategia judicial, los demandantes solicitaron que la cautelar se resuelva sin necesidad de esperar un informe previo del Estado nacional, con el objetivo de evitar dilaciones.También intentan impedir que eventuales apelaciones oficiales frenen la aplicación de una medida favorable, en caso de que la Justicia haga lugar al planteo.
Un nuevo frente judicial contra la reforma
La presentación se suma a otras acciones que ya se tramitan en distintos fueros contra la reforma laboral, una de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en el Congreso.Mientras tanto, será la Justicia la que deberá definir si los artículos cuestionados continúan vigentes o quedan suspendidos de manera provisoria, en un conflicto que promete escalar en los próximos meses.
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