La iniciativa plantea establecer una diferenciación clara entre el uso recreativo —que continuaría siendo libre para residentes— y el uso turístico, que pasaría a contar con regulación específica. El objetivo es generar un marco que permita ordenar la circulación de visitantes, mejorar la seguridad y reducir el impacto ambiental en los senderos.

Entre los principales ejes del proyecto se encuentra la delimitación de senderos habilitados, con el fin de evitar que los visitantes accedan a zonas no autorizadas, lo que actualmente genera riesgos tanto para las personas como para el entorno natural. Además, se busca establecer responsabilidades en caso de que alguien decida salir de los circuitos permitidos.

Otro punto central es la implementación de una tasa destinada a turistas, cuyo valor estimado rondaría los 10 dólares. Este aporte económico tendría como finalidad financiar obras de infraestructura, mantenimiento de senderos, señalización, servicios básicos y dispositivos de seguridad.

El proyecto también contempla la necesidad de mejorar los accesos y el ordenamiento vial en sectores de alta concurrencia, donde actualmente se registran problemas de estacionamiento y circulación, especialmente sobre la Ruta Nacional N°3.

Asimismo, se plantea fortalecer la respuesta ante emergencias, ya que en la actualidad los rescates en zonas no habilitadas implican el uso de recursos públicos y exponen a riesgos a los equipos de intervención.

La iniciativa surge en un contexto donde el aumento del flujo turístico ha generado consecuencias visibles, como acumulación de residuos, deterioro ambiental y falta de servicios básicos en los recorridos.

En este escenario, el proyecto apunta a establecer un esquema sustentable en el que la actividad turística contribuya al sostenimiento de los espacios que utiliza, promoviendo un equilibrio entre desarrollo económico, cuidado ambiental y seguridad.