Actualmente, los préstamos que ofrecen estas plataformas suelen ubicarse entre los $300.000 y los $500.000, con plazos de devolución que van de tres a seis meses. Aunque se trata de montos relativamente acotados y de corto vencimiento, una parte importante de esos compromisos ya no logra cancelarse en término, lo que agrava la situación financiera de quienes recurrieron a este tipo de financiamiento.

Según se indicó, alrededor de uno de cada cuatro créditos otorgados por las billeteras presenta problemas de pago. La situación afecta especialmente a usuarios que recurrieron a estas herramientas para cubrir gastos corrientes y llegar a fin de mes, sin dimensionar el impacto de los intereses. En total, serían al menos seis millones de clientes los que ya accedieron a este tipo de préstamos, de los cuales una porción significativa corresponde a trabajadores informales golpeados por la caída del consumo y la falta de recuperación económica.

El peso del endeudamiento se explica, en buena medida, por el elevado costo financiero. Las billeteras aplican tasas nominales anuales que rondan entre el 115% y el 120%, mientras que el costo financiero total supera ampliamente el 200% anual y, en algunos casos, se acerca al 300%. Estos valores quedan muy por encima de la inflación prevista, lo que profundiza la dificultad para sostener las cuotas.

El problema también se refleja en el segmento de entidades no financieras, donde se agrupan proveedores de crédito que no son bancos, como plataformas de comercio electrónico y emisoras de tarjetas no bancarias. En enero de 2026, la irregularidad en este sector superó el 27%, un registro que remite a los niveles de estrés observados durante la crisis de 2019 y en plena pandemia. Dentro de ese universo, firmas de gran peso como Tarjeta Naranja y Mercado Libre, que concentran buena parte del mercado, también registraron un aumento en los atrasos de sus carteras.

En paralelo, en las últimas semanas se multiplicaron en redes sociales los mensajes de usuarios endeudados que, ante la imposibilidad de afrontar las cuotas, optaron por desinstalar las aplicaciones creyendo que así dejaban atrás la deuda. Sin embargo, desde el sector advirtieron que esa decisión no elimina la obligación de pago. Por el contrario, señalaron que, si no existe voluntad de regularizar la situación, las compañías pueden avanzar con negociaciones iniciales y luego derivar los casos a estudios jurídicos, endureciendo así el reclamo.