La Fiscalía de Estado de Tierra del Fuego presentó una denuncia penal contra autoridades de la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF), a partir de una serie de movimientos de dinero que, según se indicó, habrían comprometido recursos reservados por ley para cubrir prestaciones de alto costo.

El eje de la acusación está puesto en una transferencia de alrededor de 937 millones de pesos, que habrían sido extraídos de un fondo especial creado por la Ley 1596. De acuerdo con el análisis realizado, ese monto fue redireccionado hacia la cuenta general de la obra social, desde donde se afrontan erogaciones habituales de funcionamiento.

Desde el organismo de control señalaron que esos recursos tenían un destino específico y que no podían ser reasignados de manera administrativa. Bajo esa interpretación, advirtieron que la operatoria habría debilitado el esquema previsto para sostener tratamientos complejos y de elevado valor.

En el dictamen también se cuestiona que no existirían precisiones claras sobre el uso final que se le dio al dinero transferido. A eso se suma, siempre según la evaluación oficial, la falta de participación de sectores técnicos clave, entre ellos la Contaduría General de la propia OSEF, en la decisión que permitió concretar el traspaso.

Frente a este escenario, la Fiscalía entendió que los hechos podrían encuadrarse en una presunta malversación de caudales públicos, aunque no descartó que en la investigación puedan analizarse además otras responsabilidades vinculadas al ejercicio de la función pública.

Con la presentación ya formalizada ante la Justicia, el expediente quedó ahora bajo análisis en el fuero penal. Paralelamente, se resolvió poner en conocimiento de la situación a distintos organismos de control y autoridades provinciales, mientras persisten cuestionamientos sobre el funcionamiento general de la obra social.