El Gobierno nacional puso en marcha una reforma del Código Penal con la intención de actualizar una legislación que considera desfasada frente a las modalidades delictivas actuales. La propuesta fue ratificada por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, luego de un encuentro con el presidente Javier Milei, en el marco de un plan que apunta a reemplazar de manera integral la norma vigente desde 1921.

Mientras se elabora un nuevo texto completo, el Ejecutivo resolvió avanzar también con proyectos parciales para acelerar modificaciones puntuales. La estrategia oficial es incorporar figuras penales que hoy no cuentan con una regulación específica y, al mismo tiempo, endurecer castigos en delitos que ya están contemplados por la ley.

Desde la administración nacional sostienen que muchas de estas conductas se repiten con frecuencia, pero no tienen una tipificación propia, lo que complica tanto su investigación como la aplicación de sanciones acordes. Por eso, la iniciativa incluye una serie de nuevas figuras que buscan dar respuesta a problemáticas que, según el Gobierno, requieren mayor precisión jurídica.

Los nuevos delitos que se pretende incorporar son los siguientes.

Estafas piramidales.

Delitos migratorios.

“Viudas negras”.

Salideras bancarias.

Entraderas.

Motochorros.

Daño animal.

Armas en cárceles.

Picadas.

A la par de esa ampliación, el Ejecutivo también prevé aumentar penas en delitos ya existentes, con foco en situaciones especialmente sensibles para la opinión pública. Entre los puntos que se buscará agravar aparecen el incumplimiento de los deberes alimentarios, la actividad de los llamados trapitos, el grooming y los casos de abuso sexual infantil.

Según la postura oficial, las sanciones actuales no reflejan en todos los casos la gravedad de los hechos ni ofrecen una respuesta suficiente frente a ciertas conductas. En esa línea, la reforma apunta a elevar las escalas de prisión y restringir beneficios como la libertad condicional en determinados delitos.

El paquete legislativo será remitido al Congreso en las próximas semanas. Desde el Gobierno insisten en que la meta es contar con herramientas penales más duras y adaptadas al escenario actual, con un mayor resguardo para las víctimas y un esquema normativo más acorde a las nuevas formas de criminalidad.