El Gobierno nacional presentó un nuevo paquete de medidas que incluye modificaciones en áreas sensibles como la venta de tierras rurales, el régimen de desalojos, las pensiones por discapacidad y la administración de bienes estatales. La propuesta oficial apunta, según se indicó, a atraer inversiones, reducir cargas para el Estado y endurecer controles en distintos sistemas de beneficios.

Uno de los anuncios centrales fue la decisión de avanzar sobre la ley de tierras rurales para quitar las restricciones que actualmente pesan sobre la compra de campos por parte de extranjeros. Desde la Casa Rosada sostienen que la intención es facilitar el ingreso de capitales internacionales y favorecer proyectos vinculados a rubros considerados estratégicos, entre ellos el petróleo, la minería y la agroindustria, donde muchas veces se requieren grandes extensiones de terreno.

En paralelo, el Ejecutivo anticipó una reforma del sistema de desalojos con el propósito de acelerar la restitución de inmuebles ocupados. La iniciativa busca establecer procesos más rápidos para que los propietarios puedan recuperar sus viviendas o propiedades en plazos mucho más breves, en una señal orientada a desalentar usurpaciones y otorgar mayor previsibilidad al mercado inmobiliario.

Otro de los ejes que abrirá discusión es la revisión del esquema legal que regula las pensiones por discapacidad y otros beneficios sociales. La postura oficial es endurecer las condiciones de acceso y reforzar los controles para distinguir entre quienes realmente no pueden trabajar y quienes, según el planteo del Gobierno, habrían accedido de manera irregular a esas ayudas.

También se confirmó la intención de concesionar por 30 años el complejo hotelero de Chapadmalal. La administración nacional considera que el ingreso de inversión privada permitiría recuperar y modernizar el predio, además de reducir el costo que hoy representa para el Estado su mantenimiento. Según se explicó, el objetivo es impulsar allí nuevas iniciativas de desarrollo económico y conservar el uso público del espacio.

Por otra parte, el oficialismo informó que el Ministerio de Justicia enviará al Senado 60 pliegos de jueces, fiscales y defensores oficiales para su tratamiento. Con ese paso, el Gobierno busca avanzar también en la cobertura de cargos dentro del sistema judicial.

De esta manera, el paquete reúne cambios de fuerte impacto en distintos frentes y deja planteada una agenda que combina apertura a la inversión, modificaciones en normas sociales y reformas sobre el funcionamiento del Estado. Ahora, las iniciativas deberán atravesar el debate político y legislativo para definir su futuro.