Según explicó, desde que se concretó la intervención, el organismo provincial dejó de recaudar aproximadamente 4,5 millones de dólares en solo 60 días, dinero que actualmente estaría siendo administrado por el Estado nacional sin precisiones sobre su destino.

Murcia señaló que la medida se implementó de manera abrupta, durante la madrugada, y que incluso se les impidió el ingreso al puerto a la mayoría del personal, quedando solo un grupo reducido trabajando bajo la órbita de la intervención.

En ese sentido, indicó que unas 80 personas no pudieron continuar con sus tareas habituales, aunque la Dirección Provincial de Puertos continúa afrontando el pago de salarios con fondos propios que estaban destinados originalmente a obras de infraestructura.

“El dinero que hoy usamos para pagar sueldos era para invertir en el puerto”, explicó, al tiempo que detalló que los gastos mensuales rondan los mil millones de pesos, lo que compromete seriamente la planificación futura.

Además, advirtió que la intervención modificó el esquema de funcionamiento, ya que se estaría utilizando maquinaria privada en lugar de los equipos del propio puerto, que permanecen sin uso, generando mayores costos operativos.

Otro de los puntos que generó preocupación es la falta de información oficial. Murcia afirmó que solicitaron detalles sobre el plan de intervención, el manejo de los fondos y las empresas que actualmente operan en el puerto, pero hasta el momento no obtuvieron respuestas.

El funcionario también remarcó que la actividad portuaria continúa con normalidad, especialmente en temporada alta, lo que agrava el cuestionamiento sobre la intervención, ya que no se registraron cambios en el funcionamiento operativo.

Finalmente, sostuvo que la situación no solo impacta en la provincia, sino también en la imagen internacional del puerto de Ushuaia, considerado una puerta clave para la actividad antártica y el turismo de cruceros.

La causa continúa en el ámbito judicial, donde se espera una definición sobre la validez de la intervención, mientras desde la provincia insisten en recuperar el control del puerto y esclarecer el destino de los fondos generados durante este período.