Un proyecto ingresado a la Legislatura provincial propone un cambio profundo en la forma en que se desarrolla la actividad pesquera en Tierra del Fuego. La iniciativa apunta a crear una Ley Marco de Pesca Extractiva y Recolección Hidrobiológica, con el objetivo de ordenar, regular y controlar toda la actividad, incorporando criterios de sostenibilidad, desarrollo productivo y mayor presencia del Estado.
La propuesta no solo establece nuevas reglas para quienes pescan, sino que redefine el rol del Estado provincial en el manejo de los recursos del mar, con una mirada estratégica vinculada al Atlántico Sur y los mares australes .
Un nuevo esquema para ordenar toda la actividad
Uno de los principales cambios es la creación de un sistema integral de ordenamiento pesquero. La ley establece que la actividad dejará de estar fragmentada y pasará a regirse por un marco único que abarca desde la captura hasta la comercialización.En ese sentido, el proyecto plantea que el Estado será quien defina zonas habilitadas para pescar, áreas restringidas, períodos de veda y condiciones específicas según cada especie y región. Estas decisiones deberán basarse en estudios técnicos y científicos, con el objetivo de evitar la sobreexplotación de los recursos.
Además, se incorpora la figura de la “captura máxima permisible”, un mecanismo que permitirá fijar límites concretos sobre cuánto se puede extraer en cada temporada, lo que introduce un cambio clave en la administración del recurso .
Permisos obligatorios y mayor control
Otro de los ejes centrales es el endurecimiento de los controles sobre la actividad. El proyecto establece que ninguna persona o empresa podrá pescar sin contar con autorización previa del Estado.Estos permisos estarán vinculados a un “Proyecto Pesquero Integral”, que deberá ser evaluado por la autoridad de aplicación. En ese análisis se tendrá en cuenta la escala de la actividad, el impacto ambiental, el cumplimiento sanitario y el aporte al desarrollo local.
Además, los permisos no serán permanentes ni automáticos: tendrán carácter precario, podrán ser revisados y hasta revocados si no se cumplen las condiciones establecidas.
Creación de un registro único y trazabilidad
La iniciativa también propone la creación de un Registro Provincial Pesquero Integral, que funcionará como una base de datos obligatoria donde deberán inscribirse todos los actores del sector.Allí se incluirán pescadores, embarcaciones, permisos, capturas, volúmenes y destinos de la producción, entre otros datos. Este sistema permitirá seguir el recorrido del recurso desde su extracción hasta su comercialización, garantizando trazabilidad y mayor transparencia.
A su vez, se exigirá la presentación de declaraciones juradas sobre capturas y operaciones, lo que fortalecerá los mecanismos de fiscalización .
Desarrollo local y generación de empleo
Más allá del control, el proyecto también tiene un fuerte componente productivo. La ley propone fomentar la transformación local de los recursos pesqueros, promoviendo el agregado de valor en origen y la generación de empleo en la provincia.En esa línea, se priorizará la participación de actores locales, la integración de pequeñas unidades productivas y la creación de circuitos formales de comercialización.
También se prevé un proceso de formalización progresiva para quienes hoy desarrollan la actividad de manera informal o de subsistencia, con programas de capacitación, asistencia técnica e incorporación a esquemas productivos regulados.
Un enfoque ambiental y sostenible
La normativa introduce principios de sostenibilidad ecosistémica, uso racional del recurso y responsabilidad intergeneracional. Esto implica que toda actividad deberá minimizar su impacto ambiental y respetar el equilibrio de los ecosistemas.Asimismo, se establecen criterios como la prevención, la trazabilidad, la seguridad sanitaria y la transparencia en la gestión, lo que apunta a modernizar el sector y alinearlo con estándares más exigentes.
Más presencia del Estado en el mar
El proyecto refuerza el rol del Estado como autoridad de control, planificación e investigación. La Secretaría de Pesca será el organismo encargado de aplicar la ley, con facultades para establecer cupos, otorgar permisos, fiscalizar y sancionar.También se plantea una articulación con organismos científicos y técnicos para garantizar que las decisiones estén basadas en evidencia, incluyendo monitoreos permanentes y estudios sobre los recursos.
En paralelo, la iniciativa pone el foco en fortalecer la presencia provincial en el Atlántico Sur, vinculando la actividad pesquera con una estrategia más amplia de desarrollo y soberanía .
Un cambio de fondo para el sector
En términos generales, el proyecto busca pasar de un esquema con menor regulación a un modelo más ordenado, controlado y planificado, donde el Estado tenga un rol activo en la administración de los recursos.La propuesta combina objetivos económicos, sociales y ambientales, con la intención de garantizar que la pesca sea una actividad sostenible en el tiempo y con mayor impacto en la economía local.
Su tratamiento en la Legislatura abrirá un debate clave sobre el futuro de uno de los sectores estratégicos de la provincia.
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