A través de un documento fechado el 30 de marzo de 2026, obispos de la región patagónica expresaron su preocupación por lo que consideran un deterioro de la participación democrática en el marco del tratamiento de la modificación de la Ley de Glaciares. Bajo el título “La participación democrática amenazada… como los hielos y el agua”, el pronunciamiento cuestiona el desarrollo de la audiencia pública convocada por la Cámara de Diputados de la Nación.

En el texto, los referentes eclesiásticos señalaron que el proceso no se ajustó a acuerdos e instancias legales previamente establecidos, y advirtieron sobre prácticas que, según indicaron, buscan condicionar el debate público. En ese sentido, denunciaron maniobras como interrupciones, restricciones de acceso y la alteración de listas de oradores, situaciones que —afirman— ya se han repetido en distintos puntos de la Patagonia cuando se discuten proyectos vinculados a intereses ambientales.

Asimismo, el documento plantea que estas dinámicas no son aisladas, sino parte de una metodología sostenida en el tiempo. Los obispos mencionan presiones económicas, laborales e incluso advertencias hacia quienes expresan posturas críticas, además de estrategias destinadas a desacreditar a quienes cuestionan determinados proyectos, tildándolos de opositores al progreso o con sesgos ideológicos.

Otro de los ejes centrales del comunicado es la defensa de los recursos naturales de la región. Allí sostienen que quienes impulsan estas iniciativas no viven en los territorios afectados y remarcan la importancia de preservar el aire, el agua y los ecosistemas patagónicos por sobre intereses económicos externos.

Finalmente, los obispos hicieron un llamado a reflexionar sobre el rumbo del país y la necesidad de garantizar procesos democráticos genuinos. En el cierre, alertaron sobre el silenciamiento de voces y el deterioro del debate público, al tiempo que reivindicaron el derecho de las comunidades a participar activamente en decisiones que impactan en su territorio.

El documento fue firmado por representantes de distintas diócesis de la Patagonia, quienes coincidieron en la necesidad de fortalecer la participación ciudadana y proteger los bienes comunes en un contexto de creciente tensión en torno a temas ambientales.