La iniciativa es encabezada por Marcelo Liendro, integrante de Latitud 54, quien expuso la problemática en la TV Pública y advirtió que las motos quedaron en una especie de “zona gris” dentro del régimen vigente. Según explicó, a diferencia de otros vehículos, los motovehículos no cuentan con un mecanismo claro para su liberación.

“El único vehículo en la isla que sigue afectado son las motos”, afirmó, al señalar que la normativa fue pensada en un contexto muy distinto, cuando el parque de motocicletas era mucho menor y no tenían el valor actual.

El principal inconveniente radica en que muchas unidades no logran completar el proceso de desafectación. Mientras los autos pueden liberarse en plazos determinados —tres años para nacionales y cinco para importados—, en el caso de las motos ese esquema quedó inconcluso. Como consecuencia, hay vehículos que no pueden comercializarse y otros que circulan sin poder regularizar su situación.

Este escenario también impacta en el mercado local. Según indicó Liendro, actualmente existe una sobreoferta de motos que no pueden venderse, lo que genera un “mercado colapsado”. A esto se suma la existencia de unidades que permanecen guardadas sin uso por no poder ser transferidas.

El universo afectado incluye motos ingresadas en distintos períodos, especialmente desde 2011 en adelante, cuando creció significativamente la venta de estos vehículos en todo el país. Entre las marcas más comprometidas mencionó a Kawasaki y Suzuki, aunque aclaró que la problemática alcanza a múltiples modelos y también a cuatriciclos.

En cuanto a los avances, el grupo ya inició contactos con autoridades locales para abordar el tema de manera conjunta. Como primer paso, se puso en marcha un relevamiento a través de un formulario que permitirá cuantificar la cantidad de motos afectadas, su año de ingreso y su estado actual.

La intención es contar con datos concretos en las próximas semanas para formalizar una presentación ante los organismos correspondientes y abrir el debate sobre una eventual actualización del régimen.

De esta manera, la propuesta busca visibilizar una problemática que, con el paso del tiempo, alcanza a cada vez más usuarios en la provincia y que plantea la necesidad de adaptar la normativa a la realidad actual del parque vehicular fueguino.