El mercado de alquileres en Argentina atraviesa uno de sus momentos más críticos. Un reciente relevamiento de Inquilinos Agrupados reveló que el 70% de los inquilinos mantiene deudas activas, en un contexto donde sostener el pago mensual se vuelve cada vez más difícil y la problemática habitacional ya no puede analizarse por separado de la crisis económica general.
Aunque en los últimos meses se registró una mayor oferta de propiedades, el acceso sigue siendo complejo debido a los altos costos iniciales y al peso creciente de los gastos mensuales. A los alquileres se suman depósitos, garantías y expensas que, en muchos casos, representan cifras elevadas. En paralelo, la reaparición de herramientas como los créditos UVA no logra compensar el deterioro de los ingresos, lo que complica aún más la economía diaria de los hogares.
El informe también refleja un cambio en las preocupaciones de los inquilinos: por primera vez, el salario y el empleo superan a la vivienda como principales inquietudes. En ese sentido, desde la organización advirtieron sobre el impacto de los ingresos en retroceso frente a contratos con aumentos frecuentes. “pisar las paritarias de los trabajadores inquilinos tiene consecuencias graves en un contexto donde el alquiler aumenta trimestralmente”, sostuvo Gervasio Muñoz. Además, agregó: “aparece la preocupación sobre salarios que cada vez alcanzan para menos, en un país que ‘no tiene inflación, pero todo aumenta”.
La presión sobre los ingresos es cada vez mayor: solo una parte de los inquilinos logra destinar menos del 30% de su salario al alquiler, mientras que un amplio sector llega a comprometer entre el 60% y el 100% de sus ingresos. A esto se suma una dinámica de ajustes cada tres o cuatro meses, que dificulta cualquier planificación económica.
En este escenario, el endeudamiento se consolida como una herramienta de supervivencia. Muchas familias recurren a créditos para cubrir gastos básicos, pagar el alquiler o incluso comprar alimentos. Al mismo tiempo, crece el pluriempleo como estrategia para sostener ingresos, aunque en muchos casos no alcanza para equilibrar las cuentas.
Otro dato preocupante es el desplazamiento forzado: cada vez más personas se ven obligadas a mudarse por no poder afrontar los costos, en lo que desde el sector definen como un “desalojo económico”. Esta situación refleja un deterioro estructural que impacta de lleno en la estabilidad habitacional.
Desde la organización también cuestionaron el contexto actual y plantearon que “no hay política durante el gobierno de Javier Milei que pueda revertir esta situación. Lo primero que debe suceder es que gobierne un partido que priorice a los trabajadores y el acceso a la vivienda”. En esa línea, remarcaron la necesidad de avanzar hacia algún tipo de regulación.
Sobre el origen de la crisis, Muñoz fue contundente: “Estamos frente a una crisis coyuntural ocasionada por la política económica y por el decreto 70/2023 que terminó con la Ley de Alquileres”. No obstante, sostuvo que el escenario podría revertirse con cambios estructurales y mayor organización colectiva: “avisamos muchas veces que sin regulación del alquiler iba a pasar esto. Pero es coyuntural. Esto va a pasar, y vamos a revertir y reparar el daño”.
Finalmente, el referente insistió en la importancia de la organización como herramienta para enfrentar la crisis: “Que se organicen, que participen. No hay solución individual para el acceso a la vivienda”, concluyó
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