La Sala III de la Cámara Contencioso Administrativo Federal resolvió rechazar la apelación presentada por el Gobierno nacional y confirmó que deberá cumplir de manera inmediata con la Ley de Financiamiento Universitario, en un fallo que vuelve a poner en el centro del debate la situación de las universidades públicas.

La norma había sido sancionada por el Congreso en agosto de 2025 y posteriormente ratificada en octubre, luego de que fuera vetada por el Poder Ejecutivo. Ahora, con esta resolución judicial, se refuerza su plena vigencia y aplicación.

El fallo ratifica la medida cautelar dictada previamente por el Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N° 11, que había ordenado avanzar con los artículos centrales de la ley vinculados al financiamiento del sistema universitario.

Entre los puntos clave, la legislación establece que los salarios de docentes y no docentes deben actualizarse tomando como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC), garantizando que los incrementos no queden por debajo de la inflación acumulada.

Además, la ley dispone la recomposición de las becas estudiantiles, también en función de la evolución del IPC, con el objetivo de sostener el acceso y la permanencia de los estudiantes en las universidades nacionales.

Con esta decisión, la Cámara dejó sin efecto los argumentos del Ejecutivo y ordenó el cumplimiento inmediato de estos artículos, lo que implica un impacto directo en los ingresos del personal universitario y en los programas de asistencia estudiantil.

El fallo se da en un contexto de fuerte tensión entre el Gobierno y el sistema universitario, donde el financiamiento y las condiciones salariales vienen siendo eje de reclamos y movilizaciones en todo el país.