La iniciativa fue impulsada por el diputado nacional Carlos Castagneto y plantea la creación de un régimen específico para garantizar que estas empresas queden sujetas a la jurisdicción argentina y cumplan con obligaciones fiscales, laborales y regulatorias.

El texto establece que las plataformas radicadas en el exterior que operen con usuarios argentinos deberán constituir domicilio legal en el país y designar un representante responsable. Además, tendrán que tributar conforme a la normativa vigente, según su tipo societario.

Uno de los puntos centrales es que aquellas empresas que no cumplan con estos requisitos no podrán ofrecer ni comercializar bienes o servicios en Argentina. El proyecto también amplía el alcance del control estatal al definir como “actividad habitual” cualquier operación gravada dentro de un período fiscal, sin importar el volumen de facturación.

En materia fiscal y laboral, la propuesta fija la responsabilidad solidaria de las plataformas y sus representantes por el pago de impuestos, aranceles y obligaciones laborales, en línea con la Ley de Sociedades Comerciales.

Desde el punto de vista del consumidor, el proyecto incorpora un enfoque más estricto: presume la existencia de una relación de consumo entre las plataformas y los usuarios, incluso cuando actúen como intermediarias. De este modo, las empresas deberán responder por eventuales daños derivados del servicio.

En los fundamentos, Castagneto advierte que la operatoria de estas compañías sin radicación local genera competencia desleal frente a pymes e industrias nacionales, además de dificultar reclamos judiciales y reducir la recaudación.

La iniciativa también toma como referencia experiencias internacionales, como regulaciones aplicadas en Europa y América Latina, y busca adaptar el marco legal argentino al crecimiento del comercio digital transfronterizo.

Según el proyecto, el objetivo no es limitar la innovación, sino garantizar condiciones equitativas para todos los actores que participan del mercado. Ahora, la propuesta deberá ser analizada en comisiones dentro del Congreso.