El Gobierno de Tierra del Fuego envió a la Legislatura un proyecto de ley que propone crear un Régimen Provincial de Atención Integral para Pacientes en Contexto de Derivación, con el objetivo de garantizar asistencia completa a quienes deban continuar tratamientos fuera de la provincia.
La iniciativa contenida en el mensaje oficial N° 08/26 apunta a dar respuesta a una problemática estructural del sistema sanitario fueguino: la necesidad de derivar pacientes a otras jurisdicciones, principalmente a centros de mayor complejidad en el continente .
Una realidad marcada por la distancia y la complejidad médica
El proyecto parte de una característica central de la provincia: su condición insular y la distancia respecto a los grandes centros médicos del país. Esto obliga a que, ante determinadas patologías o tratamientos de alta complejidad, los pacientes deban ser trasladados fuera del territorio provincial.Según se detalla en el documento, estas derivaciones no implican solo el traslado, sino una serie de prestaciones asociadas que resultan indispensables para garantizar la continuidad del tratamiento, como medicamentos, estudios, honorarios profesionales, alojamiento y alimentación tanto del paciente como de su acompañante .
En muchos casos, además, se trata de personas en situación de vulnerabilidad social o sin cobertura médica, lo que refuerza la necesidad de una intervención estatal integral.
De un sistema fragmentado a un régimen unificado
Actualmente, la provincia cuenta con herramientas como la Ley Provincial N° 956 que creó un fondo para personas sin cobertura y un fondo específico para pacientes derivados en la Ciudad de Buenos Aires.Sin embargo, el proyecto reconoce que estos mecanismos funcionan de manera fragmentada y no contemplan integralmente todas las situaciones que se presentan durante una derivación médica.
Por eso, la propuesta busca unificar y sistematizar estos instrumentos en un único régimen legal, dotando al Estado de mayor capacidad operativa y seguridad jurídica en la gestión de estos casos.
Cobertura integral: qué incluye el nuevo sistema
El nuevo régimen establece que el Estado deberá garantizar el acceso efectivo y oportuno a todas las prestaciones necesarias durante el proceso de derivación.Entre ellas se incluyen:
- medicamentos e insumos médicos
- estudios y prácticas de diagnóstico
- honorarios profesionales
- traslados sanitarios
- alojamiento y alimentación
- elementos ortopédicos o protésicos
- cualquier otro gasto necesario para sostener el tratamiento
Un punto clave: compras más rápidas ante situaciones urgentes
Uno de los aspectos más relevantes del proyecto es la posibilidad de establecer procedimientos administrativos especiales.El texto reconoce que las derivaciones médicas presentan situaciones imprevisibles, urgentes y cambiantes, lo que dificulta aplicar los mecanismos tradicionales de contratación del Estado.
Por eso, se propone exceptuar estas adquisiciones del régimen habitual de compras públicas, permitiendo actuar con mayor rapidez para evitar demoras que puedan afectar la salud del paciente .
Un rol central desde Buenos Aires
El proyecto también formaliza el rol de la Secretaría de Representación Oficial del Gobierno en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que actualmente cumple funciones clave en la asistencia y acompañamiento de pacientes derivados.Este organismo será la autoridad de aplicación del régimen, con facultades para coordinar acciones con el Ministerio de Salud, el Ministerio de Bienestar Ciudadano y otras instituciones, tanto públicas como privadas.
Su intervención será clave para articular la atención en otras jurisdicciones y garantizar que los pacientes reciban acompañamiento integral durante todo el proceso.
A quiénes alcanza
El régimen está destinado a:
- personas derivadas por el Ministerio de Salud
- pacientes derivados en el marco de programas sociales
- personas sin cobertura médica cuya atención exceda la capacidad provincial
- casos de urgencia o vulnerabilidad sanitaria y social
Un sistema pensado para evitar interrupciones en tratamientos
El eje central del proyecto es garantizar que ningún paciente vea interrumpido su tratamiento por cuestiones administrativas o falta de recursos.En ese sentido, la iniciativa busca mejorar la eficiencia del Estado, pero también asegurar el derecho a la salud, especialmente en contextos complejos donde la distancia geográfica y la urgencia médica juegan un rol determinante.
Lo que viene: debate legislativo y reglamentación
El proyecto deberá ser analizado por la Legislatura provincial, que tendrá la tarea de evaluar su alcance y su impacto en el sistema sanitario.En caso de aprobarse, el Ejecutivo contará con un plazo de 90 días para reglamentar la ley, mientras que el nuevo fondo comenzará a operar progresivamente, utilizando en una primera etapa estructuras ya existentes.
Con esta iniciativa, la Provincia busca dar un paso hacia un modelo más ordenado, ágil y humano en la atención de pacientes derivados, en un sistema donde la distancia muchas veces define el acceso a la salud.
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